Bolivia preocupada: disputa entre Ejecutivo y Poder Judicial

La Paz, 1 jul (Prensa Latina) Una amenaza de paralizar escalonadamente los servicios judiciales desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante la desatención del Órgano Ejecutivo, mantiene hoy a Bolivia en tensión por las declaraciones de un lado y otro.

El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, aseguró que la reforma judicial “se hace con recursos, no con buenas intenciones”.

Durante una Reunión Nacional de Emergencia de las autoridades judiciales con jueces y vocales en la capital, Sucre, surgió la determinación de paralizar los servicios judiciales de forma escalonada en demanda de la aprobación de un paquete de leyes y un presupuesto del cinco por ciento del Presupuesto General del Estado.

Esta idea originó críticas públicas, y Saucedo respondió desde Buena Vista, en Santa Cruz.

“A los magistrados nos sobra lo que a su Gobierno le falta”, sostuvo el titular en referencia directa a las críticas expresadas por el portavoz del Gobierno.

Esa fue su reacción directa contra las afirmaciones del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien el lunes calificó como “inaudita” la posibilidad de un paro judicial escalonado si en un plazo de 20 días no se atienden las demandas del sector, hoy declarado en emergencia.

Saucedo replicó que “es totalmente inaudito y reprochable, pero, ¿quiénes son los responsables? Los políticos”, aseguró ante los periodistas y advirtió que «la desatención que ha tenido el Órgano Judicial es una realidad”.

De su lado, el presidente Rodrigo Paz abordó el tema desde Paraguay, donde participa en la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur).

“Ahora verán de aquí un poco tiempo coletazos con el sistema judicial boliviano porque hay que transformarlo”, dijo.

Enfatizó en que es el momento de ordenar la casa, siempre bajo el diálogo. “Aquí, amenazas de paro, amenazas de bloqueos, son del pasado; eso es el pensamiento de los 20 últimos años. Bajo la lógica del diálogo y la concertación es la modernidad, eso es el siglo XXI”, agregó.

Recordó ante la prensa en Paraguay que existe un “gran acuerdo nacional” suscrito en Cochabamba, del cual –según explicó–, derivan varias iniciativas normativas actualmente en tratamiento legislativo.

Subrayó que las reformas estructurales, particularmente en el ámbito judicial, deben ser debatidas en la Asamblea Legislativa Plurinacional y no impuestas por decreto.

“El tema, por ejemplo, judicial, tiene que ser como parte un gran acuerdo, porque las leyes que reforman la justicia están en el Parlamento”, expresó, y añadió que lo mismo ocurre con las reformas en salud y educación.

Desde el oficialismo, el presidente del Senado, Diego Ávila, deploró la advertencia de un paro escalonado anunciada por el Órgano Judicial al considerar que no corresponde en el actual contexto institucional.

mh/jpm

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