Tras analizar las apelaciones presentadas, el órgano decidió confirmar la declaratoria de responsabilidad penal de los siete miembros del último del Secretariado de las FARC-EP, quienes fueron condenados a ocho años por el delito de secuestro a acciones restaurativas conocidas como sanciones propias y contempladas en la justicia transicional.

Para los exguerrilleros, los trabajos estarían relacionados con el desminado humanitario, el cuidado del medio ambiente, la búsqueda de desaparecidos y otros proyectos asociados con el desarrollo de infraestructura.

Según explicó el presidente de la Sección de Apelación, Eduardo Cifuentes, seguidamente se fijarán los horarios de trabajo, el lugar de residencia y el municipio y departamento donde se ejecutarán las sanciones impuestas.

El fallo alude a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, quienes en junio de 2022 asumieron públicamente frente a ese tribunal, a las víctimas y al país su responsabilidad en el referido delito.

La JEP también dio a conocer hoy su determinación en el caso de las 19 apelaciones presentadas por 12 exmilitares del Batallón La Popa por su participación en ejecuciones extrajudiciales, que en Colombia se conocen como “falsos positivos”.

El tribunal confirmó que, como resultado de sus sentencias, los imputados deberán construir un mausoleo con más de 700 osarios en el cementerio Ecce Homo de Valledupar, como parte del Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe.

Recordó la entidad judicial que la decisión, al amparo de la justicia transicional, revoca la condena por los crímenes internacionales de persecución y tortura.

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