Mientras, el tribunal fijó para el próximo 29 de julio la decisión sobre la apertura del proceso.
Al presentar sus conclusiones en la audiencia preliminar, el fiscal Enmanuel Ramírez expresó su confianza en que el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogerá en su totalidad la acusación formulada por el órgano persecutor.
Ramírez recordó que dos de los imputados alcanzaron acuerdos con el Ministerio Público mediante un procedimiento penal abreviado, mientras otros dos solicitaron ser enviados directamente a juicio.
Como resultado de esos consensos, Marino Rodríguez fue condenado a cinco años de arresto domiciliario y Miguelina Bello Segura a tres años de prisión.
Además, el tribunal ordenó el cierre de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L. y el decomiso de armas de fuego y municiones ocupadas durante un allanamiento.
De acuerdo con la acusación, la estructura criminal fue desmantelada en noviembre de 2024 mediante la Operación Pandora, luego de detectarse la sustracción de miles de proyectiles y accesorios de armas de fuego de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
La investigación sostiene que el grupo desfalcó al Estado por más de 92 millones de pesos (casi un millón 600 mil dólares) mediante la sustracción y posterior comercialización ilícita de municiones, armas y pertrechos bajo custodia de esa institución.
Entre los principales procesados figuran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exintendente de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, ambos en prisión preventiva.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa acusa a 11 personas de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, tráfico ilícito de armas, lavado de activos y otros delitos relacionados con la sustracción y venta ilegal de proyectiles, armas y explosivos pertenecientes a la Policía Nacional.
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