El estudio, titulado Pele Alvo: entre racismo y letalidad, el mañana, fue elaborado por la Red de Observatorios de la Seguridad y analizó datos correspondientes a nueve estados brasileños: Amazonas, Bahía, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro y São Paulo.
De acuerdo con el documento, esos territorios registraron cuatro mil 330 muertes derivadas de intervenciones de uniformados, un aumento de 6,4 por ciento en relación a la cantidad de 2024.
Tres mil 104 personas de la cifra total eran negras, equivalentes al 86,3 por ciento de los casos con información sobre raza o color de la piel.
Además, el informe reveló que el 64,8 por ciento de los fallecidos tenía hasta 29 años de edad y que al menos 310 eran niños o adolescentes.
La investigación advirtió que la letalidad policial mantiene una fuerte concentración sobre jóvenes negros residentes en zonas periféricas y comunidades vulnerables, fenómeno que los autores consideran resultado de desigualdades estructurales y de prácticas discriminatorias históricas presentes en las políticas de seguridad pública.
Entre los estados analizados, São Paulo registró 834 muertes provocadas por intervenciones policiales, seguido por Pará (632), mientras que Ceará alcanzó su mayor cifra desde 2019, con 200 casos, y Maranhão contabilizó 142.
También se identificó un incremento de la letalidad en Río de Janeiro, donde las personas negras presentan un riesgo muy superior al de las blancas de morir durante las mencionadas operaciones.
A juicio de los responsables del informe, estos datos reflejan un patrón persistente de violencia estatal que afecta desproporcionadamente a la población afrodescendiente.
Frente a ese problema, se demandan políticas públicas orientadas a reducir la letalidad policial, fortalecer los mecanismos de control de las fuerzas de seguridad y garantizar investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas en operativos.
También se reclaman mayor transparencia en la divulgación de estadísticas oficiales, mejorías en la formación de los cuerpos policiales y la adopción de protocolos que prioricen la preservación de la vida, especialmente en acciones realizadas en comunidades de alta vulnerabilidad social.
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