En su segundo informe anual a la Nación, presentado ante la Asamblea Nacional (parlamento) durante la apertura del tercer período de sesiones ordinarias del Legislativo, el mandatario indicó que este año convocará en Panamá una reunión regional para coordinar estrategias dirigidas a contener el creciente tráfico de drogas, fenómeno que calificó como uno de los principales motores de la violencia y la criminalidad.
Mulino también informó sobre la construcción de una cárcel de máxima seguridad destinada a recluir a los principales líderes de organizaciones criminales bajo condiciones de aislamiento más estrictas que las actuales.
«Prefiero que me critiquen por sobrepoblar las cárceles antes que permitir que los delincuentes sigan atemorizando a la población o dirigiendo actividades ilícitas desde los centros penitenciarios», manifestó.
En el plano económico, sostuvo que la prioridad de su administración ha sido recuperar la confianza de inversionistas y ciudadanos mediante un proceso de saneamiento de las finanzas públicas, que incluye la reactivación de proyectos estatales, la construcción de carreteras y caminos de acceso para comunidades apartadas, el avance de la Línea 3 del Metro de Panamá y la generación de nuevas plazas de empleo.
El mandatario también dedicó un apartado de su intervención a la soberanía nacional y reiteró que el Canal de Panamá y su cuenca hidrográfica pertenecen exclusivamente al Estado panameño.
Sobre el polémico tema de la mina de cobre de Donoso, en la provincia de Colón, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2023, Mulino evitó pronunciarse sobre una eventual reapertura.
Explicó que la auditoría ambiental y técnica realizada por los ministerios de Ambiente y de Comercio e Industrias ya concluyó y se encuentra en fase de evaluación por equipos técnicos, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Subrayó que cualquier decisión sobre el futuro de la actividad minera será producto de un análisis responsable, sustentado en criterios técnicos y en un amplio debate nacional.
Durante la sesión solemne también intervino la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, del gobernante partido Realizando Metas, quien asumió el cargo para el período 2026-2027 tras obtener 42 votos del pleno legislativo.
En su primer discurso al frente del Parlamento, Castañedas sostuvo que el Órgano Legislativo ejercerá una fiscalización estricta sobre la gestión gubernamental y descartó cualquier subordinación política al Ejecutivo.
La diputada enfatizó que la separación de los poderes públicos constituye un principio constitucional irrenunciable y aseguró que su administración priorizará el control del gasto público, la transparencia y la rendición de cuentas.
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