El ministro de Estado, Belayhun Yirga, en declaraciones a la Ethiopian News Agency mencionó que la amplia colaboración entre las instituciones federales y regionales fortaleció las investigaciones penales y mejoró la implementación de modificaciones en todo el país. Yirga precisó que esa coordinación institucional sigue siendo una tarea compleja, que requiere supervisión continua y apoyo institucional. «La supervisión y el apoyo proporcionados para garantizar que las leyes y procedimientos emitidos a nivel federal sean efectivamente implementados por las regiones no es simple», reconoció.

Explicó que las evaluaciones conjuntas realizadas por esas instituciones desempeñaron un papel central en la identificación de las deficiencias y la mejora del desempeño.

Añadió que los resultados de esas pesquisas contribuyeron a las transformaciones específicas y a las mejoras mensurables en el sector de la justicia.

El ministro de Estado recordó que la agenda de reforma actual se puso en marcha con la preparación de un plan estratégico quinquenal en el año fiscal 2018 (2025-2026) por el Ministerio de Justicia y las oficinas regionales. «Sus resultados agregados ahora se están volviendo visibles», afirmó.

Destacó la implementación de un programa de transformación de la justicia nacional de tres años, basado en el plan estratégico.

«Esto ha producido numerosos resultados. A nivel comunitario, se han logrado avances en el acceso a la justicia, y las autoridades regionales han trabajado no solo para emitir decisiones, sino también para establecer mecanismos legales que permitan a las personas obtener recursos legales», agregó.

En cuanto a la parte administrativa, mencionó avances significativos en el fortalecimiento de la rendición de cuentas y en la garantía de que las instituciones públicas cumplan con la ley.

«Se trabajó para hacer que los organismos que no brindan servicios legales y adecuados rindan cuentas legalmente. Todas las regiones, excepto una o dos, adoptaron legislación de procedimiento administrativo», subrayó.

Explicó que las nuevas leyes de procedimientos administrativos proporcionan mecanismos legales para revisar las decisiones administrativas inapropiadas, mejorar la transparencia y garantizar una mayor responsabilidad en la prestación de servicios públicos.

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