La ACAU advirtió en un comunicado que la normativa provoca “incertidumbre en el sector”.

El martes el presidente Yamandú Orsi, junto a los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, firmó el decreto que establece tres franjas según el valor de importación de los vehículos

La medida, que entrará en vigor el 1º de enero de 2027, exenta del Impuesto Específico Interno (IMESI) a los vehículos que no superen los 19 mil dólares.

Los que se ubiquen por encima y hasta 27 mil dólares pagarán un cinco por ciento y los que excedan esa cantidad tributarán un nueve por ciento.

El decreto se enmarca en la Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, y apunta a financiar unos 31 millones de dólares de gasto adicional en áreas como pobreza infantil, seguridad pública y educación.

Para la ACAU se trata de «una decisión de enorme trascendencia» no solo para el sector automotor sino para «miles de consumidores y para la política energética y ambiental del país».

Refirió otras medidas que, afirma, también afectan la transición hacia una movilidad más sostenible: el aumento del costo de la energía en los cargadores públicos y la suba de la patente de rodados para eléctricos e híbridos.

La Asociación señaló que la decisión se tomó «sin un proceso adecuado de diálogo ni una evaluación integral de sus consecuencias económicas, sociales, energéticas y ambientales«.

Ello pese a que la gremial había acercado al Gobierno información sobre experiencias de otros países que, sostiene, lograron combinar sostenibilidad fiscal con incentivos a tecnologías más eficientes.

Según el comunicado, había alternativas técnicamente más adecuadas para compatibilizar recaudación con el estímulo a la eficiencia energética y la renovación de la flota vehicular, opciones que, aseguró, «no fueron consideradas«.

Añade que el nuevo gravamen, sumado a otros costos crecientes asociados al uso de eléctricos e híbridos, «dificultará el acceso de las familias y las empresas a tecnologías más modernas, más seguras, más eficientes y más amigables con el medio ambiente».

Hasta ahora el gobierno incentivaba el transporte eléctrico como parte de su estrategia de descarbonizar la economía.

Uruguay está entre los punteros en Latinoamérica por el aumento de la movilidad eléctrica, con un aumento sostenido del parque vehicular.

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