En su segundo informe anual de gestión, el mandatario defendió los resultados de su administración, anunció nuevas medidas para enfrentar la delincuencia organizada y el narcotráfico, ratificó proyectos de infraestructura y evitó adelantar una decisión sobre el futuro de la minería metálica, uno de los asuntos de mayor sensibilidad para la sociedad panameña.

Durante una intervención de más de una hora, Mulino informó que este año convocará una reunión regional para coordinar estrategias dirigidas a contener el creciente tráfico de drogas, fenómeno que calificó como uno de los principales motores de la violencia y la criminalidad en América Latina.

Asimismo, anunció la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad destinado a recluir bajo estrictas condiciones de aislamiento a los principales cabecillas de organizaciones criminales.

«Prefiero que me critiquen por sobrepoblar las cárceles antes que permitir que los delincuentes sigan atemorizando a la población o dirigiendo actividades ilícitas desde los centros penitenciarios», afirmó.

En materia económica, sostuvo que la prioridad de su Gobierno ha sido recuperar la confianza de inversionistas y ciudadanos mediante un proceso de saneamiento de las finanzas públicas, acompañado de la reactivación de proyectos estatales, la construcción de carreteras y caminos de acceso para comunidades apartadas, el avance de la Línea 3 del Metro de Panamá y la creación de nuevas plazas de empleo.

El mandatario reiteró que el Canal y su cuenca hidrográfica pertenecen exclusivamente al Estado panameño, en defensa de la soberanía nacional.

No obstante, evitó pronunciarse sobre una eventual reapertura de la mina de cobre de Donoso, en la provincia de Colón, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, tema considerado uno de los principales pendientes de su administración.

Tras el discurso, economistas y especialistas coincidieron en señalar que persisten importantes desafíos en transparencia, disciplina fiscal, generación de empleo y combate a la corrupción.

Aunque Mulino aseguró que el Ejecutivo emprendió un profundo proceso de ordenamiento de las finanzas públicas, analistas sostienen que los indicadores oficiales reflejan una realidad diferente.

Según el balance fiscal del Gobierno Central, el ahorro corriente continúa siendo negativo, mientras el déficit fiscal se mantiene y el gasto público sigue superando los ingresos.

A ello se suma que la deuda pública ascendió a 61 mil 872 millones de dólares al cierre de mayo de 2026, cifra que representa un incremento cercano al 20 por ciento durante los primeros 23 meses de la actual administración.

El economista y analista de riesgo Ernesto Bazán afirmó que el sostenido aumento del endeudamiento constituye una evidencia de que las finanzas públicas aún no han sido saneadas, debido a que el Estado continúa dependiendo del financiamiento para cubrir sus compromisos.

Por su parte, el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez consideró que el mensaje presidencial omitió referencias concretas a la lucha contra la corrupción, las reformas educativas y los cambios constitucionales que, en su opinión, demanda el país.

El jurista agregó que, si bien el mandatario expuso lineamientos generales sobre la administración de los recursos públicos, faltaron precisiones acerca de las políticas orientadas a fortalecer la transparencia y enfrentar los principales retos económicos y sociales de Panamá.

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