De acuerdo con un informe del gremio, sustentado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el 47,1 por ciento de los trabajadores ocupados no agrícolas, equivalentes a 784 mil 990 personas, laboran en esas condiciones.

En ese sentido, la Apede instó a convertir el empleo precario en trabajo formal y productivo.

La presidenta de la organización, Giulia De Sanctis, señaló que este fenómeno limita el alcance de las políticas públicas y mantiene a miles de trabajadores sin acceso a la seguridad social ni a una jubilación, situación que perpetúa la vulnerabilidad de las familias.

Añadió que la elevada informalidad también reduce los ingresos del Estado al debilitar la recaudación fiscal y los fondos de pensiones, además de generar una competencia desleal para las empresas que cumplen con la legislación vigente.

«El empleo informal es un motor de supervivencia inmediata, pero para que el país dé el salto definitivo al desarrollo necesitamos transformarlo en empleo formal y productivo», subrayó.

En ese contexto, De Sanctis valoró el lanzamiento del programa gubernamental «Panamá pa’ Ti», orientado a atender prioridades como empleo, salud, agua potable y costo de la canasta básica, aunque consideró que la meta de crear 80 mil puestos de trabajo privados debe complementarse con una estrategia nacional de formalización laboral.

La dirigente empresarial indicó que el éxito de esa iniciativa lanzada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, la semana pasada, dependerá de una alianza efectiva entre los sectores público y privado para impulsar medidas como la simplificación de trámites, la digitalización de procesos y la creación de incentivos fiscales que permitan a las microempresas incorporarse a la economía formal.

Apede sostuvo que la experiencia de otros países de la región demuestra que es posible reducir la informalidad mediante políticas sostenidas de largo plazo. Como ejemplo mencionó el modelo del Monotributo en Uruguay, que permitió disminuir ese indicador del 42,8 por ciento en 2001 al 21 por ciento en 2022 mediante un esquema simplificado de impuestos y seguridad social para pequeños emprendedores.

También destacó el caso de Colombia, donde la reducción de los costos no salariales de contratación favoreció el tránsito de numerosas pequeñas empresas hacia la formalidad.

De Sanctis enfatizó que enfrentar la informalidad exige una política de Estado con continuidad entre administraciones y una planificación de largo alcance, pues los resultados solo se consolidan de manera gradual.

mem/ga