En esas medidas de presión, los sectores populares exigían la renuncia del jefe de Estado, Rodrigo Paz, por considerar que en sus primeros siete meses de mandato traicionó a quienes con su voto lo llevaron a la Presidencia e incumplió sus promesas de la campaña electoral.

Salazar permanece desde hace 72 horas en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y este lunes afrontará la audiencia de medidas cautelares, programada para las 12.00 hora de Bolivia en modalidad virtual.

El Ministerio Público ya presentó la imputación formal y pidió seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz.

Informó la fiscalía que investiga a Salazar por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

La detención de Salazar no será la única dentro de las investigaciones por los 53 días de bloqueos, aseguró el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Según la autoridad, las pesquisas alcanzarán a todos quienes, en opinión de las autoridades, tuvieron responsabilidad en esas movilizaciones, incluido el expresidente Evo Morales.

“Vamos a seguir investigando y dando con los culpables de estos delitos, incluyendo al señor Morales. Todos los que tienen que rendir cuentas a la Justicia. tienen que hacerlo, sin excepción alguna”, sostuvo Oviedo en entrevista concedida a Radio Panamericana.

De acuerdo con el ministro, Morales convocó públicamente al cerco de la sede de gobierno y sostuvo que esas declaraciones forman parte de los elementos que analizan las autoridades.

Estas declaraciones acontecieron ante la reacción de la Federación Túpac Katari, declarada en estado de emergencia en las 20 provincias del departamento de La Paz tras la aprehensión de su principal dirigente. Rechazó la organización el proceso penal contra Salazar, calificó su arresto como una persecución contra sus dirigentes y exigió la liberación inmediata del líder campesino.

Insiste la organización campesina en que Salazar solo cumplió el mandato de las bases al representar sus demandas, y rechaza los presuntos delitos que se le atribuyen.

El primer punto de un acuerdo pacificador rubricado el 19 de junio último por el presidente, Rodrigo Paz, y el titular de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, expresa que “el Gobierno nacional no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta; no realizará persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas”.

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