En las últimas decisiones conocidas, un tribunal de Valverde condenó a 20 años de prisión a un hombre por violar sexualmente a un adolescente de 13 años, mientras en Santo Domingo Este, la corte impuso la misma pena a un hombre que asesinó a otro con varios disparos.

Asimismo, en La Vega un procesado recibió también 20 años de cárcel por intentar matar a un ciudadano que quedó parapléjico a consecuencia del ataque.

Aunque se trata de hechos distintos y ocurridos en diferentes momentos y provincias del país, los tres casos tienen en común la gravedad de los delitos y la decisión de los tribunales de imponer una de las sanciones más altas contempladas para este tipo de atropellos, tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Estas sentencias envían un mensaje de que los crímenes que atentan contra la vida, la integridad física y la libertad sexual continúan siendo objeto de una persecución en la República Dominicana, en un contexto en el que la ciudadanía demanda mayor eficacia en la investigación y sanción de los crímenes.

No obstante, especialistas coinciden en que el fortalecimiento de la justicia penal debe ir acompañado de políticas de prevención, protección de las víctimas y reducción de la violencia, de manera que los castigos no sean la única respuesta frente a problemas que también requieren atención social e institucional.

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