Ese fue el reclamo de la dirigencia nacional de los choferes federados del país andino amazónico ante el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca.
“Necesitamos reunirnos en el término de 48 horas para que nos den una respuesta (…). Si existe alguna convulsión, no importa que estemos en estado de excepción; estamos pidiendo una solución social, no estamos haciendo política (…)”, aseguró el líder del autotransporte, Lucio Gómez, visiblemente molesto por las filas que deben realizar los afiliados, a veces durante días, para surtir sus vehículos.
Durante los más de 50 días de marchas y bloqueos de sectores sociales con la exigencia de la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, se veía a los choferes en filas kilométricas que dormían en sus medios de trabajo durante días a la espera de cargar combustible en las estaciones de servicio.
Sin embargo, tras el cese de las protestas esa situación perdura en muchos servicentros, y de acuerdo con los choferes, la espera por el diésel es la más crítica.
El Ejecutivo del presidente Paz y YPFB han atribuido en varias ocasiones los problemas de abastecimiento a los controles de calidad y a la logística afectada por los bloqueos, y han prometido de manera reiterada que la situación se resolverá en cuestión de días, lo cual no se ha cumplido
En medio del reclamo de sus bases, Gómez afirmó este martes que las autoridades del sector deben convocarlos de inmediato, pues no están dispuestos a esperar una solución sin una explicación real de lo que ocurre.
“Le estoy diciendo, señor ministro y señor presidente de YPFB: dígannos la verdad. Cuál va a ser la posición del Gobierno, cuál es la postura de sus autoridades. Digan: ¿qué falta?, ¿falta plata?, ¿falta de responsabilidad?, ¿o qué es lo que está pasando?”, exclamó en tono desafiante durante una conferencia de prensa.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido al emplazamiento de este gremio de choferes, con el cual alcanzó anteriores acuerdos tras un paro sobre la base de garantizar la provisión, la calidad del carburante y el resarcimiento por los daños ocasionados a miles de motores por la importación y distribución del denominado “combustible basura” a finales de 2025 e inicios del año en curso.
Gómez advirtió, además, que su federación rechaza cualquier intento de legalización y nacionalización de vehículos indocumentados robados en países fronterizos, medida que, según expresó, es respaldada por las autoridades gubernamentales.
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