El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó que el burgomaestre fue movilizado desde la cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, hacia un centro de salud para someterse a exámenes médicos.

La defensa informó que el traslado se realizó en helicóptero sin previo aviso a sus abogados ni a sus familiares y señaló que el alcalde presenta un agravamiento de los problemas vesiculares que padece, por lo que podría ser sometido a una intervención quirúrgica.

Según el abogado David Norero, Alvarez requiere una operación urgente debido a la presencia de dos cálculos en la vesícula, cuyo tratamiento había sido recomendado por sus médicos desde semanas atrás.

Los defensores recordaron que el alcalde perdió más de 65 libras desde su detención el pasado 10 de febrero y advirtieron sobre la necesidad de atención médica oportuna.

El analista político Mauro Andino recordó este miércoles en su cuenta de X que el ministro del Interior, John Reimberg, “se burló” del estado de salud de Álvarez y hoy lo trasladaron de urgencia a un hospital porque su situación se agravó.

Ramiro García, integrante del equipo jurídico, cuestionó además las condiciones de detención al señalar que durante dos meses no pudieron reunirse presencialmente con su defendido y que tampoco se les permite mantener videollamadas para coordinar la estrategia legal.

García sostuvo que Álvarez es el único interno de la cárcel de El Encuentro que permanece privado de libertad sin sentencia y reiteró que existe una persecución política en su contra.

El abogado también confirmó que un juez ratificó la incautación de la vivienda donde reside la familia del alcalde y concedió un plazo de 15 días para que su esposa y sus tres hijos abandonen el inmueble, medida que calificó de innecesaria e injustificada.

Asimismo, García cuestionó la nueva orden de prisión preventiva dictada contra los hermanos de Alvarez, al considerar que contradice una resolución anterior de una sala de la Corte Provincial.

“¡No se puede tolerar tanta infamia! ¡Basta de persecución y abuso!”, comentó Andino.

En los exteriores de la Clínica Alcívar, en Guayaquil, decenas de ciudadanos, familiares, colaboradores y funcionarios municipales se concentraron para exigir la liberación del político opositor, mientras un amplio operativo con policías, militares y vehículos blindados resguardó el lugar.

El asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana Jean Iñiguez reclamó al Gobierno garantías para la vida del alcalde y sostuvo que necesita un hábeas corpus de manera urgente.

Por su parte, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, pidió que se garantice el derecho constitucional de Álvarez a recibir atención médica adecuada y afirmó que no se trata de un privilegio, sino de una obligación del Estado.

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