Las instituciones fueron notificadas por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda y por la Receita Federal (autoridad fiscal), tras detectarse que realizaron operaciones financieras para 160 casas de apuestas carentes de autorización para funcionar en Brasil.

Según el Ejecutivo, las fintechs deberán interrumpir cualquier relación con esas plataformas e impedir nuevas transacciones y, de no hacerlo, deberán responder solidariamente por las irregularidades y ser multadas sobre la base del monto total de los recursos movilizados, indicó el portal ICL Notícias.

El Gobierno no divulgó la identidad de las empresas investigadas ni los valores involucrados, con el argumento de preservar el sigilo de las pesquisas y no comprometer el trabajo de los órganos responsables.

La medida se sustenta en un decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en junio, inspirado en mecanismos previstos en la legislación contra el crimen organizado, que autoriza el bloqueo de recursos financieros de las casas de apuestas ilegales y establece la responsabilidad compartida de las instituciones que no acaten las órdenes oficiales.

Hasta el momento no se ejecutó ningún bloqueo, pues el Ministerio de Hacienda concedió de plazo hasta finales de agosto para que las entidades financieras se adapten a las nuevas normas.

A partir de entonces, las notificaciones podrán ir acompañadas del congelamiento de recursos y de la apertura de procesos por parte del Ministerio de Justicia.

Tras la entrada en vigor del decreto, cinco empresas que operaban clandestinamente en el mercado de apuestas cesaron sus actividades, dijo el Gobierno.

El Ejecutivo estima que entre el 41 y el 51 por ciento de las casas de apuestas que operan en el país funcionan al margen de la regulación y cuentan con unos 25,2 millones de usuarios brasileños.

De acuerdo con el Gobierno, tales empresas no pagan la tasa de autorización correspondiente, no tributan impuestos, incumplen normas de publicidad responsable y no aplican mecanismos de autoexclusión.

En contraste, las plataformas autorizadas deben tener sede en Brasil, mantener una reserva financiera para garantizar el pago de premios, utilizar el dominio «.bet», pagar un impuesto del 12 por ciento sobre sus ganancias netas y cumplir las reglas de juego responsable.

Como parte de la ofensiva contra las apuestas ilegales, el Gobierno también informó el cierre de 54 mil sitios de internet que alojaban plataformas sin autorización, en una operación coordinada con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones.

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