En primer lugar remarcó el congresista en su declaración la pretensión de la nueva administración de crear bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad, estructuras que estarían integradas no por servidores públicos, sino por veteranos y reservistas de las fuerzas militares.

Según alertó, la nación conoce bien las consecuencias nefastas de confundir autoridad legítima con organizaciones de cuerpos armados civiles, las consecuencias de que el Estado renuncie al monopolio de la fuerza y auspicie la conformación de estructuras paralelas.

“El resultado de la historia del paramilitarismo en Colombia no ha sido nunca tener más seguridad, sino más violencia, más arbitrariedad y más impunidad”, enfatizó.

A esto se suma, añadió, la criminalización de la protesta social.

“No pasa un día sin que el señor De la Espriella y su entorno, con la complicidad de alcaldes autoritarios como el señor Fico Gutiérrez en Medellín o Alejandro Eder en Cali, alentados por el despotismo de su beligerante nuevo jefe, amenacen con desatar una brutal represión contra quienes salgan a las calles a protestar pacíficamente”, planteó.

Refirió cómo los referidos políticos sostienen que toda movilización será expresión de vandalismo y de bloqueos de las vías públicas para los cuales no habrá contemplación.

“La traducción de estas premisas es que ya se anuncia que desaparecerá la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y que volverá a crearse el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”, expresó.

Sentenció entonces que el Esmad fue un cuerpo creado para desatar acciones agresivas, especialmente contra la juventud, y que alcanzó “un tenebroso récord de violación de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, práctica de tortura y violencia sexual, e intentos de asesinato como la práctica de provocar a los jóvenes lesiones oculares”.

Advirtió por otra parte la intención de De la Espriella de privatizar y “paramilitarizar el sistema carcelario y penitenciario”.

Cepeda señaló que los objetivos antes expuestos implican el debilitamiento de toda forma de disenso, oposición y libertad política mediante el terror y la criminalidad del Estado.

“Este proyecto es abiertamente inconstitucional. Me limito a recordar que el artículo 22A de la Constitución es categórico en establecer la prohibición de crear, promover, organizar, apoyar, financiar o emplear grupos de civiles armados, incluidos aquellos que adopten la denominación de autodefensas, paramilitares, redes u organismos de seguridad, como es el caso de las políticas que acabo de reseñar”, argumentó.

Aseveró que la situación por él presentada demuestra la justeza de su llamado como líder de la oposición política a la desobediencia civil de carácter pacífico.

A modo de conclusión pidió a organismos nacionales e internacionales prestar “especial atención el desarrollo de esta nueva etapa que comienza para Colombia y que informen con rigor las actuaciones de Abelardo De la Espriella y de su entorno”.

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