La organización sostuvo que el mayor obstáculo no es la disponibilidad de recursos, sino la incapacidad del Gobierno para gestionar y materializar dichas iniciativas, lo que, a su juicio, impide que las inversiones se traduzcan en mejoras para la población.

En una rueda de prensa, el secretario de Agua Potable y Saneamiento de FP, Hamlet Otáñez, afirmó que las deficiencias afectan al plan de agua potable y saneamiento para los municipios de Moca, capital de la provincia de Espaillat, y Gaspar Hernández, también en esa demarcación del norte del país, ambos financiados por el BM.

Precisó que la iniciativa fue extendida hasta mayo de 2028 y redujo de forma significativa su alcance.

Según el partido, el número de medidores previstos disminuyó de 10 mil a dos mil 500; las redes de distribución por rehabilitar, de 50 a 20 kilómetros; las nuevas conexiones de agua, de 12 mil 750 a siete mil 500 beneficiarios; y la población con acceso a un sistema mejorado de tratamiento de aguas residuales, de 90 mil a 72 mil personas.

Agregó que, de acuerdo con el Banco Mundial, aún se requieren entre 20 y 25 millones de dólares adicionales para completar inversiones que quedaron fuera del alcance original del proyecto.

El dirigente del partido opositor también cuestionó los resultados del denominado Pacto Nacional por el Agua, al considerar que no ha cumplido las metas anunciadas por el Gobierno, pese al volumen de recursos comprometidos para el sector.

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