Según el titular, las negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional se encuentran en la etapa final y el texto deberá publicarse durante la próxima semana.

La propuesta busca equilibrar las demandas formuladas por los parlamentarios con las restricciones fiscales que enfrenta el Gobierno federal.

Durigan explicó que la medida provisional dará prioridad a los agricultores que sufrieron pérdidas ocasionadas por eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones, considerados en los últimos años entre las principales causas del deterioro financiero del sector rural brasileño.

También contempla mecanismos para atender a productores afectados por la fuerte volatilidad de los precios agrícolas.

De acuerdo con la propuesta en discusión, los agricultores perjudicados por fenómenos climáticos podrán renegociar deudas de hasta ocho millones de reales (1,6 millones de dólares) por contribuyente, mientras que quienes enfrentaron dificultades debido a las oscilaciones de los mercados tendrán un límite de cuatro millones de reales (800 mil dólares).

Entre los aspectos que todavía son objeto de análisis, divulgó agencia Brasil, figuran las tasas de interés, y el Gobierno evalúa aplicar un interés anual de seis por ciento para pequeños productores, nueve por ciento para los medianos y entre 11 y 12 por ciento para los grandes agricultores.

Respecto a los plazos de pago, la regla general prevé un período de ocho años para liquidar las obligaciones financieras, y los productores que demuestren pérdidas climáticas de mayor gravedad podrán disponer de hasta 10 años para cumplir con la renegociación.

Por otra parte, Durigan adelantó que el Gobierno estudia la creación de un fondo de garantía para el sector agropecuario, inspirado en mecanismos similares a los utilizados por el sistema financiero, con aportes públicos, bancarios y privados destinados a cubrir parte de las pérdidas futuras y fortalecer la estabilidad del crédito rural.

Esa medida incluirá nuevas obligaciones para las instituciones financieras, incluidas la aceptación de garantías ofrecidas por productores que mantienen operaciones anteriores en situación de mora y la exigencia de proporcionalidad entre el valor de las garantías y el monto de los préstamos.

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