El prosecretario de Presidencia entregó evidencias probatorias de que durante el proceso de contratación del armador gallego se presentaron documentos falsificados para respaldar las garantías exigidas por el Estado uruguayo.
La información fue remitida a la comisión investigadora parlamentaria que analiza la contratación realizada durante la administración del presidente Luis Lacalle Pou para la construcción de las dos embarcaciones por un monto de 82 millones de euros.
Ahora se incorpora el acta auténtica elaborada por el notario español Luis Calabuig Leyva, que permite compararla con la documentación presentada por Cardama ante el Ministerio de Defensa.
Según el gobierno uruguayo se evidencia adulteración, lo cual corrobora la denuncia previa del propio notario sobre posible falsificación.
Posteriormente otro notario español, Ignacio Martínez Gil, realizó un análisis pericial sobre las denominadas «actas de manifestación» entregadas por Cardama y concluyó que presentaban inconsistencias y alteraciones.
Según su informe, la explicación más probable era que se habían utilizado fragmentos de distintos documentos para confeccionar nuevas versiones con un contenido diferente.
En la comunicación enviada al Parlamento, Jorge Díaz informó que toda la documentación será remitida a la Justicia como ampliación de la denuncia penal, al considerar que aporta nuevos elementos para esclarecer los hechos investigados en torno al contrato con el astillero español.
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