La iniciativa, respaldada anoche por 24 de los 27 senadores presentes tras más de cinco horas de debate, también establece nuevas normas sobre el uso de la fuerza, en medio del debate generado por recientes casos de violencia policial.

Crea tres categorías dentro del cuerpo policial —Directiva, Intermedia y Agente Patrullero— e incorpora modificaciones orientadas a reforzar la formación académica de los agentes, con énfasis en el respeto de los derechos humanos y la protección de las garantías fundamentales de la ciudadanía.

Uno de los cambios más relevantes regula los registros personales y de vehículos. La propuesta dispone que estas actuaciones solo podrán realizarse para prevenir riesgos a la seguridad, localizar armas, bienes robados o sustancias prohibidas, respetando la dignidad de las personas.

Además, obliga al uso de cámaras corporales durante los procedimientos, permite a los ciudadanos grabar las intervenciones policiales y prohíbe registros motivados por prejuicios relacionados con raza, origen étnico, apariencia o identidad de género.

La reforma también endurece el régimen disciplinario al tipificar como faltas muy graves el uso excesivo de la fuerza, el empleo de armas no autorizadas, facilitar fugas de detenidos, participar en actividades políticas durante el servicio o intervenir irregularmente en procesos de ascenso, entre otras conductas.

Las sanciones van desde suspensiones hasta la destitución.

En materia de uso de la fuerza, el proyecto establece que solo será legítimo cuando responda al cumplimiento del deber legal, como la prevención de delitos, la protección de la vida, la ejecución de órdenes judiciales o la intervención en manifestaciones no pacíficas.

Asimismo, mantiene el principio de proporcionalidad y exige mayores mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

La iniciativa incorpora además una prohibición general para asignar agentes de manera permanente a personas o entidades privadas, aunque permite su destacamento en instituciones públicas mediante solicitud formal y bajo controles administrativos. También crea un plan exclusivo de pensiones para los miembros de la Policía Nacional.

La aprobación del proyecto se produjo pocos días después de la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado, de 19 años, a manos de un agente policial, un caso que provocó protestas ciudadanas y reavivó las críticas por el uso excesivo de la fuerza.

El presidente Luis Abinader condenó públicamente el hecho, mientras la ministra de Interior y Policía lo calificó de «abuso inaceptable».

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