Representantes de sindicatos, organizaciones campesinas y colectivos ciudadanos presentaron este viernes los argumentos jurídicos y políticos que, a su juicio, sustentan la solicitud presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para adelantar la salida de Noboa del poder.
El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, afirmó que la revocatoria “es un derecho constitucional que deben ejercer los ecuatorianos” frente a un Gobierno que, según sostuvo, incumplió sus propuestas de campaña.
El dirigente convocó a un plantón el próximo 22 de julio frente a la sede del organismo electoral.
La movilización busca exigir al CNE la entrega de los formularios para iniciar la recolección de firmas, paso indispensable para que continúe el proceso de revocatoria.
El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Guido Perugachi, explicó que la solicitud se fundamenta en el presunto incumplimiento del plan de trabajo del binomio presidencial, del Plan Nacional de Desarrollo y de disposiciones de la Constitución.
PerugachI cuestionó además la suscripción de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que contravienen la legislación vigente, y criticó al secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, por la defensa que realizó del Ejecutivo frente a los pedidos de revocatoria.
Perugachi aseguró que el documento fue elaborado con el respaldo de académicos y especialistas en derecho, e invitó a la ciudadanía a revisar el texto completo, difundido por la organización en sus plataformas digitales.
El presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, reiteró que el mecanismo de revocatoria constituye un instrumento de participación ciudadana previsto en la Constitución y no un intento de desestabilización política, como apunta el Ejecutivo.
Actualmente el CNE analiza dos solicitudes de revocatoria contra Noboa y su vicepresidenta, María José Pinto.
La primera es impulsada por el colectivo Revoca EC, integrado, entre otros, por el abogado Washington Andrade y el dirigente indígena Leonidas Iza, mientras tiene el respaldo de la Fenocin, la UNE y otras organizaciones sindicales y sociales.
Este jueves, el presidente del organismo electoral, José Cabrera, informó que el pleno deberá pronunciarse sobre ambos expedientes durante julio y, de admitirlos, entregará los formularios para la recolección de firmas.
Entretanto, autoridades como la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, sostiene que las solicitudes carecen de sustento jurídico y pidió al CNE archivarlas al considerar que los promotores buscan utilizar el mecanismo de revocatoria para cuestionar la gestión guberanmental.
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