La resolución establece los montos máximos que podrán destinarse a actividades proselitistas de cara a los sufragios en los que se elegirán autoridades locales, pero sin incluir contratación de publicidad en prensa, radio, televisión ni vallas publicitarias.

Según el CNE, los mayores topes para la elección de prefectos corresponden a Guayas, con 975 mil 500,40 dólares; Pichincha, con 722 mil 634 dólares; Manabí, con 396 mil 474,90 dólares; Los Ríos, con 213 mil 546,60 dólares, y Azuay, con 186 mil 586,80 dólares.

Para las candidaturas a prefecto y viceprefecto, el límite se obtiene al multiplicar 0,30 dólares por el número de ciudadanos inscritos en el registro electoral de cada provincia.

En el caso de las alcaldías, el monto máximo corresponde al resultado de multiplicar 0,40 dólares por el número de electores de cada cantón, aunque la normativa establece un mínimo de 20 mil dólares para jurisdicciones con menos de 35 mil votantes y de cinco mil dólares para aquellas con menos de 15 mil empadronados.

Los candidatos a concejales podrán gastar hasta el 60 por ciento del límite fijado para la respectiva alcaldía, mientras que para las juntas parroquiales el cálculo corresponde a 0,60 dólares por elector registrado.

La resolución también dispone un incremento del 30 por ciento en los límites para las candidaturas de las provincias de la Amazonía y Galápagos, debido a sus condiciones geográficas.

La normativa excluye de este esquema a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también serán electos el 29 de noviembre y tienen prohibido recibir o utilizar financiamiento privado para sus campañas, por lo que su promoción será asumida por el Estado.

El proceso electoral prosigue luego de que las organizaciones políticas definieron sus precandidaturas y el CNE tramita la inscripción de postulaciones.

El periodo previo a estos comicios transcurre en un escenario marcado por la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición, y a la detención, por presuntos actos ilícitos, de autoridades con posibilidades de reelección.

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