La votación de la Sala Plena del referido tribunal no fue unánime en su decisión, pero, tras una votación de siete contra dos, el órgano consideró que el asunto debía tramitarse como un tratado internacional y obtener el visto bueno del Congreso.

El acuerdo, que fue suscrito hace un año por el actual Gobierno mediante una resolución, pretendía implementar mecanismos de cooperación y alianzas con la República Bolivariana en asuntos relacionados con seguridad y comercio.

El contenido del pacto fue objeto de una demanda y hoy la Corte Constitucional se puso del lado de los demandantes.

Manifestó entonces el ente judicial que la alianza debe surtir el trámite requerido para los tratados internacionales, es decir, que debe radicarse un proyecto de ley, ser analizado y aprobado en el Congreso y luego pasar a esa instancia para su ratificación.

Tras su deliberación, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que remarcó que tal acto, al abordar obligaciones entre dos estados, no responde a una decisión administrativa, sino que tiene que contar con la anuencia del Legislativo.

La Sala Plena remitió al presidente de la República el Memorándum para que oriente la celebración de los pasos antes descritos.

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