Los agentes Stewart Flores y Wilmar Choquehuanca deberán cumplir nueve meses de encierro, mientras son investigados, tras una indagación inicial que encontró sólidos indicios de que torturaron hasta la muerte a José Huanchi, sospechoso de robo, en la ciudad surandina de Puno, capital de la región del mismo nombre.

En la misma región, en la comisaría de la provincia de Ayaviri, Danilo Vargas, fue objeto de una feroz golpiza por agentes, a quienes les pidió ayuda porque un auto había causado daños a su vivienda al estrellarse contra el inmueble.

Según el portal periodístico de Internet Ojo Público, hay en Perú 45 casos de policías investigados por actos de violencia contra detenidos en estaciones policiales, lo que un comentarista radial apuntó que podría ser consecuencia del empoderamiento de la Policía Nacional por una polémica y reciente ley.

Todos esos casos podrían ser investigados y juzgados por cortes militares y policiales y no en la justicia común, en virtud de la citada ley cuyos críticos consideran aprobada por el Parlamento para favorecer la política de mano dura en materia de seguridad ciudadana que ha anunciado la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Esta semana, una fiscalía de Derechos Humanos que investigaba la muerte de un adolescente de 17 años torturado en una comisaría del barrio limeño de Huaycán, trasladó el caso a la Policía Nacional, cuyos agentes involucrados afirman que el muchacho se suicidó.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Tania Pariona, rechazó la decisión de la fiscalía y declaró al diario La República que en la entrega del caso a la Policía hay un conflicto de intereses.

“No debería ser la misma entidad la que se autoinvestigue”, dijo, y agregó que la Policía Nacional no garantiza imparcialidad y hay una posición, avalada por el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, de alegar que la víctima se suicidó y favorecer así a los presuntos autores en un delito.

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