Según la fiscalía, esa medida judicial no garantiza su permanencia en el proceso por la asonada militar que incluyó la toma del epicentro político del país, la Plaza Murillo, por cientos de efectivos armados con calibre de guerra y reforzados con medios blindados.
La apelación fue presentada después que el lunes un tribunal dispuso sustituir la detención preventiva por medidas cautelares, entre ellas el arresto domiciliario, arraigo en el país, la presentación periódica ante el Ministerio Público y el pago de una fianza de 200 mil bolivianos (20 mil dólares).
De esta forma, la Fiscalía pretende que un tribunal superior revise la resolución y revoque el beneficio otorgado al exjerarca castrense, quien permaneció desde hace casi dos años con prisión preventiva en el penal de El Abra, departamento de Cochabamba.
Zúñiga fue trasladado el lunes a La Paz para participar en el inicio del juicio oral y permanece en el reclusorio de San Pedro mientras se resuelven las diligencias judiciales.
Al referirse este lunes al caso, la defensa de Zúñiga, el abogado Eduardo León, sostuvo que los hechos del 26 de junio de 2024 no constituyeron un golpe de Estado, sino una acción contra las Fuerzas Armadas.
Denunció al exmandatario Luis Arce de organizar “una emboscada” y expresó que él y otros miembros de su Ejecutivo deberían responder ante la justicia.
“Quien debería estar en este momento sentado ahí es Luis Arce Catacora, Hugo Moldiz (exasesor presidencial); Eduardo del Castillo (exministro de Gobierno); Edmundo Novillo (extitular de Defensa) y todo el séquito de ese grupo delincuencial que ha gobernado este país”, proclamó ante la prensa.
Sobre la situación de su defendido, León informó que se le va a poner en depósito en el penal paceño de San Pedro, donde permanecerá hasta que se cumplan las medidas cautelares impuestas.
Añadió que, en el juicio previsto hasta este miércoles, Zúñiga enfrenta cargos por terrorismo, alzamiento armado e incumplimiento de deberes.
Este proceso busca esclarecer responsabilidades por la frustrada asonada de 2024, que el Ejecutivo de entonces calificó de intento de golpe de Estado, mientras que la defensa de Zúñiga pretende demostrar que se trató de una operación planificada desde el propio Gobierno.
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