La interpelación fue promovida por legisladores de la bancada opositora Revolución Ciudadana que sostienen que la exfuncionaria omitió actuar frente a las anomalías detectadas en el contrato suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa Austral Technical Management (ATM).

Los asambleístas fundamentan la acusación en un informe de la Contraloría General del Estado que, según señalaron, detectó incumplimientos técnicos y administrativos.

En la sesión de este martes, los legisladores interpelantes, Blasco Luna y Mónica Palacios, indicaron que parte de las verificaciones técnicas se realizaron mediante videollamadas.

Además, señalaron que los cambios introducidos mediante una adenda contractual permitieron desembolsar alrededor de 71,4 millones de dólares antes de que la contratista demostrara el cumplimiento de las obligaciones técnicas.

En medio de las acusaciones, Manzano compareció este martes de manera virtual, mientras sus abogados acudieron presencialmente a la comisión y rechazaron las acusaciones.

La defensa argumentó que el contrato con ATM fue suscrito antes de que la exfuncionaria asumiera el Ministerio de Energía y que los pagos cuestionados también fueron autorizados con anterioridad, además de señalar que Celec es una empresa pública con autonomía administrativa y financiera.

Los abogados añadieron que fue la propia Manzano quien solicitó a la Contraloría la realización de un examen especial sobre ese contrato y calificaron el pedido de juicio político como una acusación sustentada en «conjeturas y no sobre la realidad».

El proceso continuará con la actuación de pruebas documentales, testimoniales y audiovisuales antes de que la Comisión de Fiscalización elabore el informe que recomendará al pleno de la Asamblea si corresponde o no continuar con el enjuiciamiento político de la exministra.

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