Por tanto, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) designó fiscales para investigar a la exfuncionaria tras el escándalo por presuntas irregularidades en centros de inspección vehicular que también involucra al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Para la Justicia existe causa suficiente para creer que Pérez Peña incurrió en conducta delictiva relacionada con la función pública, puesto que la indagatoria preliminar realizada por la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) está sustentada en declaraciones juradas incluidas en el expediente evaluado por el PFEI.
Las fiscales independientes Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández quedaron a cargo de la pesquisa en su fondo, que también podrá extenderse a cualquier otro funcionario vinculado a los hechos.
Pérez Peña quien figuraba como propietaria de Yabucoa Auto Services, dijo que se gestionó traspasar la titularidad del negocio a la corporación del mismo nombre, de la cual se benefició con unos cinco millones de dólares de modo irregular.
El caso es paralelo a las audiencias en la Cámara de Representantes, donde han salido a relucir posibles fallas en el manejo de multas y fiscalización de centros de inspección.
La exsecretaria del DTOP Eileen Vélez sostuvo bajo juramento que desconoce negociaciones para reducir multas administrativas, al tiempo que defendió que los procesos estaban establecidos en ley.
El presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara, José Hernández Concepción, ha señalado deficiencias “muy grandes” en los procesos y vacíos en la Ley 22, al punto de adelantar que evaluará legislación para corregirlos.
El caso contra Pérez Peña apunta a su vinculación con un centro de inspección en Yabucoa, que motivó un referido legislativo que eventualmente llegó a Justicia.
Incluso, el exdirector de la División de Investigaciones e Inspección Arturo Deliz compareció ante los fiscales como testigo en esta etapa preliminar.
La posible conducta imputada a la exfuncionaria incluye violaciones al delito de influencia indebida, así como a disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.
El Panel acogió la recomendación de Justicia, por lo que se propone continuar con la pesquisa, aunque aclaró que el estándar de prueba en esta etapa es distinto al requerido para la radicación de cargos criminales, decisión que corresponderá una vez culmine la pesquisa.
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