“El ministro de Relaciones Exteriores quiso hacerle un favor al presidente condecorándolo con el Cóndor de Los Andes.
Como por ley el presidente es quien otorga esta condecoración, ocurrió que, por culpa del ministro, se la dio a él mismo”, criticó el líder de la alianza Unidad, tercera fuerza política del país con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacinal (ALP).
Advirtió el también acaudalado empresario que “el asunto está haciendo hervir las redes. Mi opinión es: pensar menos en condecoraciones y más en transformaciones”, expresión con la cual sumó otra crítica a las manifestadas públicamente contra el Ejecutivo en las últimas semanas.
El lunes último, el canciller, Fernando Aramayo, entregó la más alta condecoración que confiere el Estado boliviano a destacadas personalidades con aportes importantes al país en diversas esferas, lo cual originó críticas de especialistas de la esfera diplomática.
Uno de ellos fue el boliviano Ricardo Martínez, quien declaró a la publicación Brújula Digital que el presidente de Bolivia ostenta esa distinción por el solo hecho de ejercer el cargo, ya que además es el Gran Maestre de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes.
Por su parte, el especialista en protocolo Álvaro Calderón, integrante del Laboratorio de Análisis de Política, Relaciones Internacionales y Diplomacia (Laprid), criticó la ceremonia en un escrito analítico.
Según el documento, la Ley 1762 establece que el presidente constitucional adquiere automáticamente el grado de Gran Collar y la calidad de Gran Maestre de la Orden al asumir el cargo, por lo que no requiere una ceremonia de imposición.
Añadió que el acto protocolar realizado tras la presentación de los nuevos Lineamientos de Política Exterior constituyó un “añadido ceremonial” sin sustento en la norma.
Subraya el texto que la ceremonia invirtió la jerarquía protocolar al permitir que el canciller impusiera la máxima distinción al jefe de Estado, lo cual generó sorpresa entre diplomáticos e invitados.
Tal interpretación es reforzada por el artículo 6 de la misma Ley, que dispone expresamente que es atribución del presidente conferir la medalla mediante resolución suprema, previa decisión unánime del Consejo de la Orden.
O sea, jurídicamente quien otorga la condecoración es el mandatario, no el canciller.
Concluye el escrito de Calderón que este entuerto protocolar no tiene consecuencias jurídicas, pero advierte que sí puede afectar la percepción de seriedad institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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