La jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta, Patricia Bullrich, se encargó de pedir el llamado cuarto intermedio para el 6 de agosto cuando el Congreso reanude las sesiones luego del receso de invierno, para someter a discusión el proyecto que la Casa Rosada denomina Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según reportó el medio digital ElDestape.com, el miércoles hubo reuniones en las que los aliados de la LLA pidieron cambios en el texto, pero el ejecutivo los rechazó, negativa que se le atribuyó al autor del proyecto, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

Este anteproyecto se ha convertido en una iniciativa clave para el oficialismo desde que la presentó en abril. Con esta reforma, el gobierno neoliberal busca eliminar los topes vigentes a la venta de tierras rurales a extranjeros, tanto a compañías como a Estados.

La propuesta según la concibió Sturzenegger contempla modificaciones profundas a la ley de Tierras, la del Manejo del Fuego y los marcos regulatorios de desalojos y expropiaciones, otorgándole a los gobernadores provinciales y al gobierno nacional la facultad de autorizar la venta ilimitada de tierras a compradores extranjeros.

Respecto a las expropiaciones, la proposición establece que «la utilidad pública será de interpretación restrictiva». Considerará indemnización por el lucro cesante cuando sea «consecuencia directa e inmediata de la expropiación», y «no contempla transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente»

Además, fija el plazo límite de «ocupación temporánea anormal» en un máximo de 90 días.

En cuanto a los desalojos, amplía la potestad de las autoridades locales y nacionales para el desalojo acorde a “todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado». «El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble o tierra si el derecho invocado fuese verosímil».

Se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre «la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo».

El proyecto ha suscitado el rechazo de todo el arco opositor, así como de organizaciones políticas regionales y locales, y de carácter social y popular, ya que no pocos lo ven como una entrega de Argentina al mejor postor.

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