Más allá del contenido de los artículos en discusión, el proceso deja una interrogante: ¿qué ocurrió durante los 12 meses de «vacatio legis» establecidos precisamente para que la normativa pudiera ser conocida, evaluada y, de ser necesario, corregida antes de su aplicación a partir de este 3 de agosto?

Las respuestas ofrecidas por los principales actores muestran matices diferentes. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, declaró este jueves a medios de prensa locales que durante 11 meses no surgieron inquietudes relevantes y que el Congreso abrió el proceso de revisión tan pronto comenzaron a presentarse propuestas de distintos sectores.

El presidente Luis Abinader, por su parte, admitió recientemente que tanto el Gobierno como la sociedad civil debieron iniciar antes el análisis de la ley, un reconocimiento que sitúa el foco no solo en el contenido de la reforma, sino también en el momento en que se produjo el debate.

Los hechos muestran que el tema no permaneció completamente ausente del escenario público. Desde septiembre de 2025 el Tribunal Constitucional recibió recursos contra varios artículos del Código, mientras en las últimas semanas organizaciones sociales, juristas, comunicadores y distintos sectores incrementaron sus observaciones, lo que llevó al Congreso a conformar una comisión bicameral y recibir decenas de propuestas de modificación.

No se trata de determinar quién tiene la razón. El Congreso abrió el proceso de revisión y el Poder Ejecutivo impulsó modificaciones consensuadas. Lo relevante es que buena parte de la discusión terminó concentrándose en las semanas finales de un período que había sido concebido precisamente para evitar decisiones apresuradas.

En sociedades cada vez más participativas, el debate continúa en los tribunales, la academia, los gremios, los medios de comunicación y la ciudadanía. Ese intercambio no debilita necesariamente una disposición; por el contrario, puede fortalecer su legitimidad cuando se canaliza con tiempo y mediante mecanismos institucionales.

Cuando ese espacio se utiliza de manera oportuna, las reformas llegan al final de un proceso de maduración; cuando no ocurre, el calendario termina imponiendo el ritmo de decisiones que merecerían desarrollarse sin la presión de los plazos.

La historia de este proceso tampoco puede desvincularse del momento en que el presidente Luis Abinader promulgó el Código Penal, el 4 de agosto de 2025, tal como fue aprobado por el Congreso Nacional.

La legislación incorporó nuevas tipificaciones penales largamente reclamadas, pero dejó fuera temas que diversos sectores de la sociedad civil consideraban esenciales, entre ellos las tres causales para la interrupción del embarazo, la protección de los derechos de la diversidad sexual y sanciones específicas contra el castigo físico a menores de edad.

Antes de la promulgación, organizaciones sociales, profesionales y ciudadanos solicitaron al mandatario que observara la norma y la devolviera al Congreso para una nueva revisión.

No obstante, el presidente optó por convertirlo en ley e iniciar el período de vacación legal de un año, convencido de que ese tiempo permitiría introducir los ajustes que fueran necesarios antes de su entrada en vigor.

Hoy, cuando el Congreso acelera la revisión del Código a pocos días de que concluya ese plazo, la principal reflexión no gira únicamente en torno a los cambios que puedan aprobarse, sino al aprovechamiento de ese año concebido precisamente para perfeccionar una de las leyes más trascendentes del ordenamiento jurídico dominicano.

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