De acuerdo con el Informe Mensual de Garantías Honradas, divulgado por el Ministerio de Hacienda, la Unión asumió compromisos financieros incumplidos por tres gobiernos estaduales y cuatro administraciones municipales, en virtud de las garantías otorgadas previamente en operaciones de crédito contratadas con instituciones financieras nacionales e internacionales.

Por estados, Río de Janeiro concentró la mayor parte de los recursos desembolsados por el Tesoro Nacional, al requerir una cobertura de 573,70 millones de reales, y le siguieron Río Grande del Sur y Río Grande del Norte.

A nivel municipal, el Gobierno federal cubrió obligaciones por un total de 42,51 millones de reales, y Taubaté, en el estado de São Paulo, encabezó la relación con 29,23 millones de reales, por delante de São Gonçalo del Amarante, en Río Grande del Norte.

También fueron atendidos Paranã, en Tocantins, y Santanópolis, en Bahía, cuyos montos fueron significativamente menores.

Este mecanismo de garantías permite que la Unión actúe como aval de estados y municipios en operaciones de financiamiento.

Cuando alguno de esos entes federativos incumple el pago de las cuotas pactadas, el Gobierno central liquida la obligación ante el acreedor para preservar la credibilidad del país y, posteriormente, inicia el proceso de recuperación de los recursos mediante las contragarantías previstas en los contratos, recordó agencia Brasil.

Las cifras divulgadas muestran que, desde 2016, el Gobierno federal ha desembolsado 89,42 mil millones de reales (casi 18 mil millones de dólares) para honrar garantías de préstamos contratados por administraciones subnacionales.

Sin embargo, una parte importante de esos recursos permanece pendiente de recuperación debido a decisiones judiciales o a procesos de refinanciamiento.

A criterio de autoridades, el sistema de garantías constituye un instrumento esencial para preservar la estabilidad del crédito público y evitar mayores impactos sobre el sistema financiero brasileño.

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