La investigación analizó las operaciones de financiamiento concedidas entre 2018 y 2024 y concluyó que parte de esos recursos públicos y privados fue dirigida a propiedades que registraban alertas por deforestación, incendios, minería ilegal u otras irregularidades identificadas por organismos de monitoreo.

Señaló que los préstamos alcanzaron alrededor de 4,5 millones de hectáreas distribuidas en diferentes regiones del país, con especial concentración en la Amazonía y el Cerrado, biomas sometidos a una intensa presión por el avance de la frontera agropecuaria.

Agencia Brasil comunicó que los datos fueron obtenidos mediante el cruce de información del Sistema Nacional de Crédito Rural con registros ambientales públicos, incluidos los generados por plataformas oficiales de monitoreo satelital.

Según el estudio, la existencia de alertas ambientales no implica necesariamente que todos los productores hayan cometido infracciones, pues algunas notificaciones corresponden a procesos administrativos aún no concluidos o requieren una verificación posterior por parte de las autoridades competentes.

No obstante, los autores consideraron que la coincidencia entre operaciones crediticias y áreas bajo observación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para impedir que recursos financieros contribuyan a actividades asociadas con la degradación ambiental.

También, el análisis advirtió que una parte importante de las operaciones fue contratada después de emitidos los primeros avisos ambientales, lo que revela fallas en los procedimientos de evaluación de riesgo utilizados por algunas instituciones financieras antes de aprobar los créditos.

Especialistas consultados por la investigación sostuvieron que la integración de las bases de datos ambientales con los sistemas bancarios permitiría bloquear de forma preventiva operaciones dirigidas a propiedades con indicios de ilegalidades.

Brasil dispone de herramientas tecnológicas capaces de monitorear casi en tiempo real la cobertura vegetal mediante imágenes satelitales, lo que facilitaría la incorporación de criterios ambientales más estrictos en la concesión del crédito rural, resaltó la pesquisa.

Para los investigadores, la modernización de esos controles resulta estratégica para preservar los ecosistemas y proteger la competitividad del agronegocio brasileño en mercados internacionales cada vez más exigentes en materia de sostenibilidad y trazabilidad.

La divulgación del informe ocurre en un contexto de crecientes debates sobre la relación entre la expansión agrícola, la protección ambiental y el acceso al financiamiento, recordó la mencionada fuente periodística.

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