Las diferencias de puntos de vista entre las diversas bancadas de diputados emergieron en medio de un amplio debate sobre transparencia, eliminación de privilegios y modernización del funcionamiento del primer órgano del Estado.

El pleno del Legislativo retomará el próximo lunes el segundo debate de la iniciativa, que permanece en la fase de sala ilustrada, mientras los diputados concluyen una segunda ronda de intervenciones antes de votar más de un centenar de propuestas de modificación al texto aprobado por la Comisión de Credenciales.

De acuerdo con el primer vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen, el extenso análisis busca garantizar un proceso ampliamente discutido y evitar cuestionamientos sobre la rapidez en la aprobación de una norma que regulará los procedimientos internos del Parlamento.

Uno de los temas que genera mayor controversia es la propuesta para derogar el artículo 230 del reglamento, que concede prerrogativas a los diputados como franquicias postal y telefónica, importación libre de impuestos de vehículos y acceso a pasaporte diplomático.

La iniciativa, respaldada por varios legisladores, pretende eliminar beneficios considerados incompatibles con las demandas ciudadanas de austeridad y transparencia.

Las reformas también contemplan fortalecer la rendición de cuentas mediante la eliminación del voto secreto en el pleno y las comisiones, así como la publicación en formato de datos abiertos de información relacionada con la ejecución presupuestaria, planillas, gastos administrativos, declaraciones patrimoniales y de intereses de los diputados.

Otra de las propuestas más debatidas busca descontar el salario a los legisladores que se ausenten injustificadamente de las sesiones sin habilitar a sus suplentes. La medida encontró objeciones de algunos diputados, quienes consideran necesario determinar previamente su viabilidad jurídica al tratarse de funcionarios de elección popular.

En materia de funcionamiento legislativo, varias iniciativas procuran reducir la discrecionalidad en las comisiones mediante la discusión de los anteproyectos según el orden cronológico de su presentación, la apertura al público de las sesiones de la Comisión de Presupuesto y la incorporación del denominado silencio positivo para evitar que las iniciativas permanezcan sin trámite.

El paquete también plantea fortalecer los mecanismos de control político sobre el Ejecutivo. Entre las propuestas destacan la obligatoriedad de renuncia para los ministros censurados, la prohibición de su redesignación durante el mismo periodo gubernamental y mayores obligaciones para los funcionarios citados al pleno, además de sanciones para quienes incumplan los llamados del Legislativo.

Los cambios incluyen, además, medidas administrativas dirigidas a reforzar las normas contra el nepotismo, establecer requisitos profesionales para altos cargos de la Asamblea, fijar plazos para convocatorias de comisiones y regular aspectos relacionados con la organización interna, la carrera legislativa y la elección de las autoridades parlamentarias.

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