El proyecto de ley 443, impulsado por el Ejecutivo, quedó suspendido en segundo debate al cierre del anterior periodo legislativo y deberá retomarse en las nuevas sesiones del pleno.
Especialistas en biocombustibles, representantes de la industria automotriz y productores de caña de azúcar sostienen que la iniciativa permitiría diversificar la matriz energética, reducir la dependencia del petróleo importado y fortalecer la agroindustria nacional.
El experto del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Agustín Torroba, señaló que Panamá llega tarde a una discusión que más de 60 países resolvieron hace décadas, aunque consideró que ello representa una ventaja al poder aprovechar experiencias ya consolidadas.
Según explicó, el etanol es utilizado de forma habitual en mercados como Estados Unidos, Brasil, Canadá, la Unión Europea y varias naciones sudamericanas, donde su incorporación a las gasolinas ha demostrado beneficios ambientales, económicos y para la calidad del combustible.
En igual sentido se pronunció Federico Salcedo, representante del Consejo de Granos y Bioproductos de Estados Unidos, quien afirmó que Centroamérica constituye una de las pocas regiones que aún no desarrolla programas nacionales de mezcla obligatoria, aunque Guatemala prevé iniciar ese proceso próximamente.
Desde el sector productivo, el presidente de la Asociación de Azucareros de Panamá (Azucalpa), Rodrigo Cardenal, estimó que el país dispone de condiciones para desarrollar una industria nacional de bioetanol, aunque advirtió que será necesario ampliar significativamente la superficie cultivada de caña de azúcar para abastecer la futura demanda.
Los defensores del proyecto toman como principal referencia la experiencia de Brasil, que inició en la década de 1970 un programa gradual de incorporación de etanol a las gasolinas y actualmente alcanza porcentajes superiores al 30 por ciento en el marco de su política de combustibles renovables.
También representantes de la industria automotriz consideran viable la propuesta. Roberto Brown, de la Fundación Toyota Brasil, indicó que los vehículos modernos están preparados para operar con mezclas de hasta un 10 por ciento de etanol sin afectar su funcionamiento y abogó por una implementación progresiva que permita adaptar la infraestructura y educar a los consumidores.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta cuestionamientos de diputados independientes y diversos sectores de la sociedad, que advierten sobre posibles conflictos de interés, al señalar que empresarios vinculados al sector azucarero y figuras políticas podrían beneficiarse con la aprobación de la norma.
Entre las principales críticas figura la concentración en la Secretaría Nacional de Energía de las facultades para autorizar la producción, almacenamiento, transporte y comercialización del bioetanol, así como la obligación para importadores y distribuidores de adquirir toda la producción nacional que cumpla con los requisitos técnicos.
Diputados de la coalición Vamos también expresaron dudas sobre los beneficios ambientales del proyecto y recordaron observaciones del Ministerio de Ambiente, según las cuales la propuesta no establece criterios mínimos obligatorios de sostenibilidad para la producción del biocombustible.
A esas preocupaciones se suman sectores de la población que mantienen reservas sobre un eventual impacto en los automóviles, el derecho del consumidor a elegir el tipo de combustible y los posibles efectos sobre el precio de las gasolinas.
Pese a las diferencias, los especialistas coinciden en que la discusión trasciende el uso de un aditivo para combustibles y forma parte de los desafíos asociados a la seguridad energética, la reducción de emisiones contaminantes y el desarrollo de fuentes renovables en el país.
oda/ga
