Con consignas de “Fuera Noboa, fuera” y “dictadura”, responsabilizaron al Ejecutivo por la reciente decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender temporalmente al movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) en el marco de una investigación reservada sobre un presunto caso de lavado de activos.

Ese partido auspiciaría a representantes de la RC, principal fuerza opositora que también está suspendida con el mismo argumento.

Mientras transcurría la manifestación, dentro del CNE -que estuvo bajo fuerte custodia policial- el pleno acató la disposición del TCE de sacar a Amigo del grupo de organizaciones políticas habilitadas para las seccionales.

Los participantes en la protesta denunciaron persecución contra organizaciones opositoras y calificaron la medida como una afectación a los derechos de participación.

El asambleísta de la RC Xavier Lasso aseguró que la RC participará en los comicios del próximo 29 de noviembre pese a los obstáculos que, según afirmó, enfrenta desde distintas instituciones del Estado.

“No nos van a torcer el brazo; tenemos un plan B y la RC va a participar en las elecciones”, declaró el legislador.

También estuvo presente en el plantón de este lunes la legisladora Liliana Durán, para quien la suspensión de Amigo forma parte de un patrón aplicado anteriormente contra la RC y advirtió que otras organizaciones que respalden candidaturas correístas podrían enfrentar medidas similares.

Igualmente, el concejal de Quito Héctor Cueva dijo que las elecciones deben definirse en las urnas y no mediante la exclusión de organizaciones políticas.

A eso se sumó el malestar ciudadano expresado por los participantes, que denunciaron problemas sociales no resueltos por el actual Ejecutivo, como el desabastecimiento de medicamentos e insumos en hospitales públicos.

Mientras tanto, dentro del CNE, la consejera Elena Nájera apuntó que debían cumplir la resolución del TCE, aunque reiteró que la medida contra Amigo podría afectar derechos de participación y garantías del debido proceso.

La protesta se desarrolló bajo vigilancia policial y coincidió con otra resolución del CNE, que ratificó la negativa a entregar formularios para impulsar la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, solicitada por una plataforma ciudadana.

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