La iniciativa está enfocada también en la recuperación del capital natural, acción climática y desarrollo sostenible.

A juicio de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, con el Fondo este país da un paso histórico para acercar el financiamiento a la restauración de los ecosistemas, al fortalecimiento de las comunidades que los protegen y a proyectos que contribuyan a una transición ecológica justa.

Por su parte, el titular de Hacienda, Édgar Amador, explicó que este complementará los esfuerzos para consolidar una arquitectura de financiamiento sostenible y ampliar las fuentes de recursos disponibles para las prioridades ambientales de la nación.

“Proteger el capital natural es también proteger la capacidad productiva, la competitividad y la estabilidad económica de largo plazo”, afirmó al añadir que el mecanismo permitirá movilizar recursos hacia proyectos con resultados medibles, sin generar presiones sobre las finanzas públicas.

Según datos difundidos por ambas carteras, el Fondo tendrá una meta inicial de movilización de hasta 10 millones de dólares, con potencial de crecimiento mediante la incorporación de nuevos interesados en realizar aportes, tanto nacionales como internacionales.

Los recursos podrán destinarse a proyectos de restauración y conservación de ecosistemas, protección del capital natural, gestión sostenible del agua y los suelos, economía circular, bioeconomía, calidad del aire y acción climática, en concordancia con las prioridades ambientales de México.

A su turno, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó que la colaboración entre el sector público, la banca multilateral y el sector privado posibilitará transformar los recursos disponibles en soluciones concretas para la conservación y el desarrollo sostenible.

Acorde con las carteras, el CAF estará a cargo de la administración e implementación del Fondo y aportará su experiencia en la gestión de recursos de terceros, seguimiento de proyectos, administración financiera, control y rendición de cuentas.

La iniciativa contará con una estructura de gobernanza para evaluar y aprobar las propuestas, así como con instrumentos de seguimiento técnico y financiero, medición de resultados, transparencia y trazabilidad de los recursos.

Empresas, fundaciones, instituciones financieras y otros actores comprometidos con la sostenibilidad podrán participar y contribuir al financiamiento de proyectos ambientales viables, escalables y con impacto medible.

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