Representantes de colectivos ambientalistas, campesinos e indígenas se concentraron frente a la sede del máximo tribunal en Quito con pancartas y consignas en defensa de las semillas nativas y la producción agrícola nacional.

Con actos tradicionales solicitaron que los jueces examinen el contenido del convenio antes de que entre en vigor.

La iniciativa fue impulsada por la Plataforma por la Soberanía Alimentaria, cuyos integrantes sostienen que el tratado fue negociado sin suficiente debate público y contiene disposiciones que afectarían a pequeños productores y comunidades rurales.

«Estos tratados fueron negociados a puerta cerrada, se han mantenido en secreto sus contenidos», afirmó Cecilia Chérrez, del colectivo Acción Ecológica.

La activista advirtió que las consecuencias de ese tipo de acuerdos ya pueden observarse en otros países de la región, como México, donde las importaciones de maíz estadounidense aumentaron de forma considerable tras la entrada en vigor del tratado con su vecino del norte.

Chérrez apuntó que la proliferación de tratados comerciales se ha convertido en un eje de la política económica ecuatoriana y alertó sobre las negociaciones con Canadá, un convenio que en su opinión también podría generar impactos ambientales y abrir la puerta a demandas contra el Estado en tribunales internacionales de arbitraje.

Además, en la carta presentada a la Corte, las organizaciones también piden que el tribunal determine si el acuerdo comercial debe ser sometido al conocimiento del Legislativo y que se abra un proceso de participación ciudadana antes de adoptar una decisión definitiva.

El Acuerdo de Comercio Recíproco fue firmado el 13 de marzo de este año en Washington por el ministro ecuatoriano de Producción, Luis Alberto Jaramillo, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tras concluir las negociaciones iniciadas en mayo de 2025.

El texto aún debe cumplir procedimientos legales internos de ambos países antes de entrar en vigencia.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha defendido el convenio al señalar que eliminará la sobretasa arancelaria que afectaba a parte de las exportaciones ecuatorianas y permitirá que el 53 por ciento de las ventas no petroleras ingresen al mercado estadounidense con arancel cero.

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