En una de las jornadas de la feria agrícola en el predio de exposiciones de La Rural, el funcionario dijo que seguirán relevando “qué tierras se usan para investigación” y agregó que, cuando no sea así, “no vamos a tener problemas en desafectarlas”.

El INTA cuenta con unas 100 mil hectáreas a lo largo del país. Desde los gremios de sus trabajadores, Apinta, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advierten que la Casa Rosada quiere realizar un negocio inmobiliario, malvendiendo un patrimonio que es de todos, reporto el diario Página12.

“¿Por qué venderlas si al INTA entra más plata de la que se gasta para su funcionamiento? ¿Por qué hay que rematar las tierras que son un valor, un activo que no genera costos de mantenimiento?”, cuestionó Paulo García, máximo dirigente de Apinta.

“Las quieren sacar a remate a un precio vil, hacer un negocio inmobiliario”, advirtió García al ser consultado por ese medio.

El periódico recuerda que este no es el primer intento del gobierno de Milei por sacar a la venta tierras del INTA, una pretensión que ha chocado con una fuerte resistencia política y científica.

Al asumir, el Presidente intentó derogar la Ley de Tierras para permitir la venta irrestricta de campos a capitales extranjeros; fracasó en ese intento y ahora vuelve a la carga en el Congreso para que le aprueben una reforma a esa norma.

A finales de 2024 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) anunció la subasta de cientos de inmuebles estatales.

En ese paquete, bajo la conducción de Bronzovich, se diseñó un plan para vender 27 mil hectáreas del INTA distribuidas en 22 campos experimentales, bajo el argumento de que eran superficies “improductivas”.

Más recientemente, en marzo de este año, el gobierno sacó a subasta más de 30 hectáreas del ex INTA AMBA en Ituzaingó, una cotizada zona urbana del Gran Buenos Aires, aunque el proceso fue frenado por la Justicia.

Sin embargo, el Ejecutivo sí logró subastar con éxito el histórico edificio del organismo en Palermo, ubicado sobre la avenida Cerviño.

Este proceso avanza en paralelo con una reducción del 15 por ciento de los trabajadores del INTA (cerca de dos mil despidos y retiros voluntarios) y el recorte de 80 programas de investigación.

El gobierno libertario ha promovido la privatización de más de 40 empresas estatales a través de la Ley Bases; sin embargo, luego de negociaciones en el Congreso, el listado se redujo a ocho empresas principales.

Entre esas están AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), Transener (a cargo de la red eléctrica), Industrias Metalúrgicas Pescarmona, la empresa Intercargo y Belgrano Cargas, así como los Yacimientos Carboníferos Río Turbio, y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (responsable de las centrales nucleares).

Ya ha privatizado autopistas y la gestión de la vía fluvial del río Paraná. las/mh