La iniciativa, impulsada por la Plataforma por la Soberanía Alimentaria, insta al máximo órgano de justicia constitucional a examinar el contenido del convenio y determinar si este requiere la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento) antes de su entrada en vigor.

Los promotores de la petición sostienen que el acuerdo fue remitido por el Gobierno a la Corte sin un debate público previo y consideran que algunas disposiciones comprometen la soberanía alimentaria, la biodiversidad y los derechos de los agricultores ecuatorianos.

Entre los aspectos cuestionados mencionan la eliminación del sistema de bandas de precios que protegía a los productores nacionales frente a importaciones subsidiadas desde Estados Unidos.

Asimismo, advierten que el acuerdo compromete a Ecuador a adherirse al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 1991), lo que, según los colectivos, restringiría el derecho de comunidades campesinas e indígenas a conservar, intercambiar y mejorar sus semillas.

Las organizaciones sostienen que esas disposiciones podrían contravenir varios artículos de la Constitución relacionados con el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio genético del país.

Por ello, con la presentación de la carta, respaldada por más de mil firmas, insistirán en que la Corte Constitucional ejerza el control previsto en la Carta Magna y declare inconstitucionales las cláusulas que, a su criterio, vulneran los artículos 13, 281, 400, 401 y 402.

Además, pidieron que el tribunal determine si el acuerdo comercial debe ser sometido al conocimiento del Legislativo y que se abra un proceso de participación ciudadana antes de adoptar una decisión definitiva.

Los impulsores de la iniciativa afirmaron que cada una de las firmas entregadas respalda el pedido de garantizar que cualquier compromiso internacional en materia comercial respete el marco constitucional y los derechos de los productores agrícolas ecuatorianos.

El Acuerdo de Comercio Recíproco fue firmado el 13 de marzo de este año en Washington por el ministro ecuatoriano de Producción, Luis Alberto Jaramillo, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tras concluir las negociaciones iniciadas en mayo de 2025.

El texto aún debe cumplir los procedimientos legales internos de ambos países antes de entrar en vigencia.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha defendido el convenio al señalar que eliminará la sobretasa arancelaria que afectaba a parte de las exportaciones ecuatorianas y permitirá que el 53 por ciento de las ventas no petroleras ingresen al mercado estadounidense con arancel cero.

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