La decisión ejecutiva del laborista Andy Burnham, nuevo primer ministro, ha desatado una tormenta política y social en el Reino Unido. La medida, enmarcada en un plan para descongestionar las prisiones, incluye a delincuentes sexuales condenados por delitos graves, lo que ha encendido las alarmas entre sectores conservadores y organizaciones de víctimas.

En septiembre, como parte de los planes gubernamentales para resolver la sobrepoblación penitenciaria, casi dos mil 500 violadores y pederastas obtendrán libertad condicional anticipada, indicó el medio.

De acuerdo con el canal, en base a datos aportados por el Partido Conservador, entre los favorecidos figuran más de un centenar de sentenciados a más de 15 años de cárcel por violación.

El anuncio provocó un fuerte rechazo en la Cámara de los Comunes, donde diputados de distintas bancadas y asociaciones de damnificados exigen al jefe del Ejecutivo que rectifique. El parlamentario conservador Nick Timothy, ministro de Justicia en la sombra, calificó la iniciativa de «catástrofe» y urgió a Burnham a respaldar un proyecto de ley tory para mantener a los agresores sexuales entre rejas.

El Parlamento ya votó para detener esto; Burnham debe priorizar la norma conservadora y evitar que estos criminales vuelvan a las calles, declaró Timothy. El político subrayó que la liberación masiva mina la confianza ciudadana en el sistema judicial y expone a la población a riesgos innecesarios.

Mientras, expertos en criminología advierten que la medida, aunque necesaria por la crisis carcelaria, carece de un filtro de peligrosidad adecuado.

La asociación Victim Support manifestó su «profunda decepción» y recordó que muchos de esos delincuentes reinciden, por lo que exigió una revisión caso por caso antes de cualquier excarcelación.

El hacinamiento en las prisiones británicas alcanza niveles críticos, con una ocupación superior al 99 por ciento de la capacidad instalada, según datos oficiales. Sin embargo, la solución adoptada por el Ejecutivo laborista ha generado un debate ético y de seguridad que, de momento, no encuentra consenso político, mientras las víctimas se preparan para impugnar la decisión en los tribunales.

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