La suspensión por nueve meses del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), decidida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a partir de una investigación reservada de la Fiscalía General, abrió un nuevo capítulo en el escenario político.

La medida afecta directamente a la Revolución Ciudadana (RC), principal partido de oposición, que también permanece suspendido desde marzo por una causa igualmente impulsada por la Fiscalía.

La decisión de suspender a Amigo dejó, de momento, sin plataforma a decenas de precandidatos de la RC y los obliga a buscar, nuevamente, otros partidos para poder participar en los comicios locales.

Este miércoles, en entrevista con una televisora local, la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, denunció un nuevo obstáculo que podría impedir la participación de sus representantes, incluso si encuentran otra organización que los acoja.

Explicó que quienes irían por Amigo ya renunciaron a ese movimiento y notificaron al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, Rivadeneira dijo que aún el organismo no registra en el sistema esas renuncias, lo que impediría habilitar a los aspirantes para competir por otra organización.

“El asunto es que cuando vamos a dejar las notificaciones en el CNE te dejan en una instancia de limbo. A eso, ellos lo han llamado como confinamiento, figura que no existe”, afirmó la dirigente, para esa interpretación constituye una nueva forma de proscripción política.

“Estamos muy alertas porque esta va a ser una nueva forma de suspender o proscribir a los candidatos de la RC basados en esta nueva leguleyada”, manifestó.

La titular de la RC insistió en que su organización estará presente en las elecciones y aseguró que varias fuerzas políticas nacionales y locales aceptaron recibir candidaturas del correísmo, aunque evitó revelar cuáles son para evitar represalias.

«Este es el momento de decidir entre la democracia y la dictadura, de elegir cualquiera menos ADN (Acción Democrática Nacional), de decidir todo menos la dictadura», expresó Rivadeneira.

El expresidente Rafael Correa (2007-2027), fundador y líder de la RC, cuestionó “la jugarreta que ahora intentan hacer el Gobierno y el CNE” para eliminar a candidatos opositores.

“No contentos con ilegalmente eliminar a Amigo, los candidatos que participaron en sus primarias quedarían “confinados” y no podrían inscribirse por otras organizaciones políticas. Escandaloso, absurdo y risible, pero eso es lo que enfrentamos”, escribió en la red social X.

En términos similares se pronunció el parlamentario andino Virgilio Hernández, quien calificó la situación como evidencia de una deriva autoritaria.

“Esto que vivimos es una dictadura, pura y dura”, aseveró Hernández, quien aseguró que el Gobierno controla las funciones del Estado, impide elecciones “libres y competitivas”, persigue opositores y acomoda la Constitución “a intereses del dictador y su grupo oligárquico”.

El Observatorio de Libertades Ciudadanas se sumó a las expresiones de preocupación por la suspensión de Amigo y cuestionó que la medida se sustente en información reservada que no puede ser sometida al debate público.

También la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos consideró que la suspensión de Amigo, sumada a la de RC y a la cancelación del movimiento Construye, restringe la competencia electoral y reduce las opciones de los votantes.

En la misma línea, la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ) calificó la situación como un «golpe electoral». «No se trata de defender a un partido o a un movimiento específico. Se trata de defender el derecho del pueblo ecuatoriano a la autodeterminación y a elegir libremente a sus representantes», afirmó.

El abogado y analista político Mauro Andino calificó como “una aberración jurídica” la suspensión de RC y del movimiento Amigo, y planteó que no existen precedentes similares desde el retorno del país a la democracia.

En medio de las denuncias y cuestionamientos, el ministro del Interior, John Reimberg, confesó públicamente que “necesitamos alcaldes que trabajen con el Gobierno nacional, necesitamos alcaldes que estén comprometidos con la misma línea del Gobierno”.

Para los sectores críticos, esa afirmación refuerza la percepción de que el Ejecutivo busca configurar un escenario político favorable antes de las elecciones del 29 de noviembre, en las que se elegirán prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales.

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