El Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) informó que entre enero y junio de 2026 fueron deforestados mil 145 kilómetros cuadrados de selva, un 10 por ciento menos que en igual período del año pasado y la menor superficie devastada para un primer semestre en los últimos ocho años.
Tal estudio fue divulgado pocos días después de que Washington incluyera la deforestación ilegal entre las justificaciones para aplicar un gravamen adicional del 25 por ciento a las exportaciones brasileñas.
En respuesta, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó las acusaciones por considerarlas infundadas y sostuvo que los indicadores ambientales muestran una tendencia de reducción desde 2023.
Según Imazon, citado por la Agencia Brasil, 588 áreas protegidas de la Amazonía, equivalentes a más del 80 por ciento del total, permanecieron sin registros de deforestación durante el primer semestre, y entre ellas figuran 330 territorios indígenas y 258 unidades de conservación.
El informe precisa que las áreas protegidas concentraron apenas 97,37 kilómetros cuadrados de la deforestación registrada en el período, lo que representa el ocho por ciento del total. De esa cifra, 9,38 kilómetros cuadrados correspondieron a tierras indígenas y 87,99 a unidades de conservación.
Aun con la reducción general, el instituto alertó sobre focos persistentes de presión sobre la selva amazónica.
El principal caso es el Área de Protección Ambiental Triunfo do Xingu, en el estado de Pará, responsable de casi la mitad de toda la deforestación registrada en áreas protegidas durante el semestre, con una pérdida de 47,85 kilómetros cuadrados de bosque.
También mencionó la situación de la Floresta Nacional de Jamanxim, igualmente en Pará, que perdió 3,45 kilómetros cuadrados de cobertura forestal y figura como la quinta unidad de conservación más deforestada de la Amazonía.
La coordinadora del Programa de Derecho y Sostenibilidad de Imazon, Brenda Brito, criticó además la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que reduce la superficie de esa reserva y consideró que la iniciativa beneficia a ocupantes ilegales establecidos tras la creación del área protegida en 2006.
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