Con seis votos de legisladores del movimiento gobernante Acción Democrática Nacional (ADN), la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó un informe que concluye que las pruebas son insuficientes y no se comprobó la causal de incumplimiento de funciones.
El documento sostiene que no existe un nexo causal entre la labor de Manzano y las irregularidades en el contrato suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM) para la provisión de generación eléctrica durante la crisis energética de 2024.
Como principal argumento, el informe señala que el desembolso del 60 por ciento del contrato, equivalente a unos 54 millones de dólares, fue procesado la madrugada del 9 de octubre de 2024, horas antes de que Manzano asumiera oficialmente el cargo.
Asimismo, concluye que la responsabilidad sobre los procesos precontractuales, contractuales y de pago correspondía exclusivamente a la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), mientras que el Ministerio de Energía ejercía únicamente funciones de rectoría.
El juicio político fue impulsado por los asambleístas de la RC Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenín Barreto por las irregularidades en las contrataciones de generación eléctrica de emergencia durante la crisis de apagones de 2024.
Los interpelantes sostuvieron que Manzano incurrió en incumplimiento de funciones por omisión al no supervisar adecuadamente la ejecución del contrato con ATM.
En ese sentido, denunciaron que su periodo se dio la entrega de generadores obsoletos, equipos incompatibles con el sistema eléctrico nacional y pérdidas económicas que, según afirmaron, superaron los dos mil millones de dólares.
Tras la votación de este viernes en la Comisión, el legislador Franklin Samaniego afirmó que «se consumó el pacto de la impunidad» y acusó al bloque oficialista de impedir que los ecuatorianos conozcan «toda la verdad» sobre un caso en el que desaparecieron más de 70 millones de dólares.
La bancada de la RC sostuvo que «pasó exactamente lo que advertimos que pasaría», se cuestionó quién responderá por «las 14 horas sin luz y los 71 millones de perjuicio», y acusó al oficialismo de proteger a una exfuncionaria.
La recomendación aprobada por la comisión no es vinculante y el expediente será remitido al pleno de la Asamblea Nacional, donde los legisladores decidirán si archivan definitivamente el juicio político o disponen la continuidad del proceso.
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