La sanción comercial fue ratificada por la Oficina del Representante Comercial de la potencia norteña, con el argumento de que el país sudamericano falló en prohibir eficazmente la importación de bienes producidos con trabajo forzado.

Distintos actores económicos cuestionaron el gravamen, entre ellos la Corporación Chilena de la Madera que, además de rechazar la sobrecarga, recordó que precisamente Estados Unidos es el segundo mercado más importante de esos productos.

El sector frutícola también hizo llamados urgentes al Palacio de La Moneda para que actúe con energía debido al riesgo inmediato por las sobretasas a sus envíos al país norteamericano.

Incluso las grandes salmoneras, con fuertes y estrechos vínculos con firmas importadoras estadounidenses, lamentaron el recargo que merma los ingresos de esa industria.

Hasta el momento, la respuesta oficial chilena emanó de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, oficina que depende de la Cancillería.

Desde esa entidad indicaron que el incremento tributario dictado por Washington no tiene ninguna relación con los antecedentes regulatorios presentados por este país. Recordó la subsecretaría que Chile posee una sólida institucionalidad laboral, así como convenios internacionales vigentes para impedir el ingreso de mercancías y otros productos provenientes de naciones donde no hay métodos suficientes de regulación.

El organismo estatal enfatizó que la resolución de Estados Unidos no acusa a Chile de exportar productos hechos con trabajo esclavo, sino que critica sus mecanismos de control general sobre las importaciones globales.

Chile, indicó la subsecretaría, mantendrá gestiones con el gobierno norteño para mitigar el impacto a los productores y excluir del nuevo mecanismo a varios artículos que tienen un impacto directo en la economía nacional.

Por el momento, Washington excluyó de la arbitraria medida a las exportaciones de cobre y litio chilenos, metales imprescindibles para el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación.

La víspera, el gobierno de Donald Tump anunció que impondrá nuevos aranceles a sus 60 primeros socios comerciales.

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