Así lo señaló el portal de noticias y análisis Wayka, al acotar que el máximo tribunal “mantuvo vigentes las principales modificaciones cuestionadas por organizaciones de derechos humanos” en el decreto legislativo que contiene los artículos eliminados.

“Solo anuló los delitos de colaboración al entorpecimiento de servicios públicos y colaboración al delito de disturbios, al considerar que su redacción era demasiado amplia y podía afectar el principio de legalidad”, agregó el comentario.

Uno de los artículos eliminados creado por decreto legislativo, que establecía condenas de 3 a 5. años de cárcel a quien de forma voluntaria suministre bienes muebles, objetos, instrumentos o recursos financieros a quienes afecten con protestas el funcionamiento de servicios públicos.

También anuló el artículo generado por el mismo decreto, que sancionaba con carcelería de cuatro a seis años a cualquier aporte instrumentos, objetos o recursos económicos para coadyuvar o facilitar las actividades de los autores en un delito de disturbios.

El tribunal agregó que las normas eliminadas planteaban generalizaciones en perjuicio de quienes ejercen legítimamente actos de apoyo solidario en manifestaciones pacíficas o la criminalización de los actos inherentes al ejercicio del derecho a la protesta.

Las medidas anunciadas fueron pedidas por el Colegio de Abogados de la región surandina de Puno, donde a fines de 2021 y febrero de 2022, policías y militares dieron muerte a 50 civiles inermes que protestaban contra el ascenso de Dina Boluarte a la Presidencia, por sucesión, en reemplazo del mandatario Pedro Castillo.

El TC señaló que es una exigencia del orden público constitucional el reconocimiento de la protesta como derecho fundamental que asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, por aspiraciones legítimas y siempre que se respete la legalidad.

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