De acuerdo con el comunicado oficial, la detención fue posible durante un operativo desarrollado en el sector conocido como Corredor de Los Pobres, en Caimitillo, al norte de esta capital .

La intervención se ejecutó como parte del Plan Firmeza, estrategia interinstitucional orientada a combatir los delitos ambientales y proteger los recursos naturales, con la participación de unidades de la Policía Ambiental, la Dirección de Investigación Judicial Ambiental, la Inteligencia Contra los Delitos Ambientales, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Según el informe, las autoridades sorprendieron a seis personas en un área donde presuntamente se realizaban labores de extracción ilegal de oro. Cuatro adultos fueron aprehendidos por la supuesta comisión de delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en la modalidad de minería ilegal.

Los detenidos fueron trasladados a una subestación para los procedimientos correspondientes y quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de las actividades ilícitas.

Durante el operativo también fueron ubicados dos menores de edad, quienes fueron remitidos a las autoridades competentes de Niñez y Adolescencia para la aplicación de los protocolos establecidos por la legislación panameña.

Las autoridades decomisaron diversos implementos presuntamente utilizados para la extracción ilegal del mineral, entre ellos palas, bateas, canalones, cubos, una motobomba y otras herramientas empleadas en este tipo de actividad.

La Policía Nacional reiteró que el Plan Firmeza contempla operativos permanentes en distintas regiones del país para frenar la explotación ilegal de recursos naturales y fortalecer la vigilancia en zonas vulnerables a los delitos ambientales.

Mientras el Ministerio de Ambiente recordó que la minería ilegal genera graves afectaciones a los ecosistemas al provocar la remoción de la cobertura vegetal, la alteración de cauces de ríos y quebradas y la contaminación de fuentes hídricas por el uso indiscriminado de sustancias y sedimentos, además de representar un riesgo para las comunidades cercanas.

Panamá mantiene una política de fortalecimiento de los controles contra este tipo de actividades mediante la coordinación entre los organismos de seguridad y las entidades ambientales, en un contexto de creciente preocupación regional por el impacto de la minería ilegal sobre la biodiversidad y las cuencas hidrográficas.

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