La concesión de arresto domiciliario a Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en el departamento de Santa Cruz y expulsado inmediatamente hacia Estados Unidos, encendió las alarmas.

Sin embargo, apenas horas después, la misma medida benefició al juez cruceño Hébert Zeballos, dueño de un galpón al que fueron a parar 31 “narcomaletas” traídas ilegalmente desde Estados Unidos en un vuelo privado financiado al costo de 100 mil dólares.

En la pesquisa sobre este caso, la policía descubrió marihuana líquida en ese almacén, mientras que el paradero y el contenido de las denominadas “narcomaletas” todavía se desconoce.

Respecto al tráfico de oro detectado también en el aeropuerto internacional cruceño de Viru Viru, de los seis detenidos inicialmente, cinco fueron liberados sin el criterio de un fiscal, y solo permanece encarcelado cautelarmente por 150 días el joven de 22 años Adrián Lema.

Con estos antecedentes, la senadora Kathia Quiroaga y el abogado constitucionalista William Herrera coincidieron en declaraciones al programa On-Otra Noche con Sissi, emitido por el diario El Deber, en que estos procesos reflejan problemas estructurales del sistema judicial, los cuales requieren una reforma profunda.

Quiroga lamentó que el Gobierno responde a los escándalos con anuncios de investigaciones que, según afirmó, rara vez concluyen con sanciones efectivas. «Vemos que la inacción está como política del Estado», dijo.

“Mientras los escándalos se acumulan, el Gobierno solo se limita a decir que investiga, pero los casos se enfrían y nunca llegan a esclarecerse», sostuvo.

Recordó la legisladora que en los últimos meses ocurrieron en Viru Viru varias ilegalidades que calificó de alto impacto como el caso de las narcomaletas, el decomiso de un cargamento de oro y otros procesos vinculados al crimen organizado.

Opinó que todos estos hechos reflejan fallas en los sistemas de control y una falta de voluntad política para combatir la corrupción.

Herrera, por su parte, denunció que «un escándalo termina tapando al anterior. Esto ocurre desde hace mucho tiempo y demuestra una profunda descomposición institucional».

Recordó que hace un trienio salió desde Viru Viru hacia España un cargamento de más de media tonelada de droga, sin que hasta ahora exista claridad sobre las responsabilidades en ese caso.

El letrado consideró que el Estado enfrenta serias dificultades para combatir el crimen organizado y enfatizó en que la corrupción ha debilitado a las instituciones encargadas de administrar justicia.

Subrayó que incluso el presidente del Consejo de la Magistratura expresó dudas sobre algunas decisiones judiciales, lo cual, indicó, agrava la falta de confianza de la población en el sistema.

Los dos entrevistados coincidieron en que Bolivia necesita una reforma estructural del sistema judicial, y la senadora anunció que la Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja en modificaciones normativas, en un contexto que evidencia la predisposición para revisar leyes consideradas obsoletas, impulsar una mayor digitalización tecnológica y controles dentro del sistema.

Adicionalmente, Herrera propuso un acuerdo político nacional para fortalecer constitucionalmente la independencia judicial.

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