El movimiento responde principalmente a los cambios introducidos en el impuesto correspondiente, que desde este año debe adoptar obligatoriamente cuotas progresivas en todos los estados del país, conforme al valor de los bienes transferidos.

Aunque cada gobierno estadual deberá aprobar su propia legislación, especialistas consideran que muchas familias buscan aprovechar las normas vigentes antes de la entrada en vigor de las nuevas tasas, publicó agencia Brasil.

Datos del Colegio Notarial de Brasil muestran que en 2025 fueron registradas 185 mil 861 escrituras públicas de donación de inmuebles, el mayor número desde que comenzaron las estadísticas.

Tal cifra representa un crecimiento del 59 por ciento respecto a 2020, cuando se contabilizaron 116 mil 225 operaciones, lo cual refleja un creciente interés por la planificación sucesoria.

Promulgada mediante la Enmienda Constitucional 132 de 2023 y actualmente en proceso de implementación, la reforma tributaria determinó que el referido impuesto sea progresivo en todo el territorio nacional.

En la práctica, amplió la fuente periodística mencionada, significa que las transmisiones patrimoniales de mayor valor podrán quedar sujetas a porcentajes superiores, respetando el límite máximo del ocho por ciento establecido por el Senado.

No obstante, expertos en derecho tributario advirtieron que el aumento del impuesto no será automático ni uniforme.

La expectativa sobre futuras modificaciones ha llevado a numerosos propietarios a transferir viviendas, terrenos y otros bienes a hijos o herederos mientras permanecen vigentes las actuales cuotas fijas en estados como São Paulo, Minas Gerais y Paraná.

Por otra parte, especialistas recomiendan cautela y sostienen que la decisión de anticipar una donación debe analizarse de manera individual.

Además de la carga tributaria, deben considerarse factores como los costos notariales, la situación patrimonial de la familia, el usufructo del inmueble, las reglas sucesorias y las posibles implicaciones financieras a largo plazo.

En consecuencia, la eventual carga fiscal dependerá del valor del patrimonio transmitido y de la legislación que apruebe cada estado en los próximos meses.

La transición será gradual y se prolongará hasta 2033, mientras las nuevas disposiciones continúan siendo reglamentadas por las autoridades nacionales y los gobiernos regionales.

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