Esta petición fue formalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual informó en una nota oficial que el procedimiento se refiere a dos medidas adoptadas por Estados Unidos al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La primera acción norteamericana, consistente en la imposición de un arancel adicional del 25 por ciento a bienes importados desde Brasil, derivó de una investigación específica sobre el país sudamericano.

Esa pesquisa examinó aspectos relacionados con el comercio digital, los servicios de pagos electrónicos, los aranceles preferenciales, la aplicación de la legislación anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol y las políticas de combate a la deforestación ilegal.

La segunda medida impuso un arancel adicional del 12,5 por ciento y surgió de una investigación que abarcó a 60 naciones, en la que Washington evaluó la existencia y aplicación de prohibiciones a la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

El Gobierno brasileño sostiene que ambas medidas son injustificadas e incompatibles con las obligaciones asumidas por Estados Unidos en virtud del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT) y del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC.

Según el diario Folha de S.Paulo, la combinación de ambos gravámenes puede elevar hasta el 37,5 por ciento la carga arancelaria sobre determinados productos brasileños.

El Ejecutivo calcula que el 16,5 por ciento de las exportaciones del país hacia Estados Unidos queda afectado simultáneamente por las dos tarifas, entre ellas maquinaria y equipos, madera, grasas y aceites, calzado, muebles y confecciones.

La solicitud de consultas constituye la primera etapa del mecanismo de solución de controversias de la OMC y, si las partes no alcanzan un acuerdo, Brasil podrá solicitar la conformación de un panel de especialistas para examinar la legalidad de las medidas cuestionadas.

Sin embargo, Folha recordó que el proceso enfrenta limitaciones debido a la parálisis del Órgano de Apelación de la OMC desde 2019, situación que impide la conclusión definitiva de los litigios cuando alguna de las partes recurre las decisiones de los paneles.

El periódico señaló además que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió abrir un nuevo procedimiento porque las investigaciones que dieron origen a los recientes aranceles son distintas de las que motivaron una disputa iniciada el año pasado, cuando Brasil cuestionó otra sobretasa impuesta por Washington.

jha/mar