La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y el Ministerio del Interior, beneficiará a 386 mil 505 estudiantes y docentes de ocho provincias priorizadas por sus niveles de violencia.

El programa fue anunciado una semana después de que rectores de varios centros de altos estudios de la capital solicitaran la creación de una «zona segura» en el norte de Quito ante el incremento de robos violentos, asaltos con armas blancas y otros hechos en los alrededores de sus campus.

La preocupación se intensificó tras la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Nathaly Mafla, estudiante de 20 años de la Escuela Politécnica Nacional, en junio pasado.

De acuerdo con el Gobierno, la estrategia contempla diagnósticos de seguridad en la infraestructura educativa, actualización de protocolos de actuación, articulación con el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, canales de alerta temprana, capacitación y coordinación permanente entre las instituciones responsables de la seguridad.

Además, indicaron que se conformará una mesa técnica integrada por los ministerios de Educación, Interior, Gobierno y Salud Pública, junto con la Policía Nacional y el ECU911, para supervisar trimestralmente el cumplimiento del plan.

Las acciones se implementarán inicialmente en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, El Oro, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Orellana.

Algunos de esos territorios permanecen bajo estado de excepción debido a los altos índices de criminalidad.

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