En conferencia de prensa, el abogado Jorge Guzmán, en representación de la organización, sostuvo que la administración del presidente José Raúl Mulino, con el respaldo de los órganos Legislativo y Judicial, mantiene una ofensiva contra los movimientos sociales y sindicales que cuestionan iniciativas oficiales y defienden reivindicaciones laborales y populares.

Entre los temas señalados por Conusi figura la intención del Gobierno de avanzar hacia la reapertura de la mina de cobre de Donoso, en la provincia de Colón, pese al fallo emitido en noviembre de 2023 por la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión suscrito entre el Estado y la trasnacional canadiense First Quantum Minerals y ordenó el cese de las operaciones extractivas.

Aquella decisión judicial se produjo tras semanas de protestas masivas que paralizaron gran parte del país.

El gremio también expresó su rechazo al proyecto de construcción de un embalse en la cuenca de río Indio, promovido para garantizar el abastecimiento de agua al Canal de Panamá.

De acuerdo con Guzmán, la iniciativa implicaría el desplazamiento de comunidades campesinas y la afectación de tierras, viviendas y cementerios de pobladores de la zona.

Asimismo, denunció la detención de varios dirigentes sindicales, entre ellos el secretario general de Conusi, Marco Andrade, quien enfrenta un proceso judicial por presunto peculado.

El abogado calificó la acusación de infundada y afirmó que responde a motivaciones políticas.

A esa situación sumó los casos de los líderes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, Jaime Caballero y Ariel Rodríguez, quienes también permanecen sometidos a procesos judiciales, mientras otros dirigentes han debido abandonar el país, según indicó, por considerar que su integridad se encuentra en riesgo.

Guzmán recordó además que el Estado panameño deberá responder antes del próximo 1 de septiembre ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por las denuncias relacionadas con presuntas violaciones a la libertad sindical y otros derechos laborales, asunto abordado durante la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada recientemente en Ginebra, Suiza.

Además sostuvo que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral deberá explicar el destino de recursos financieros retenidos al sindicato, dirigidos —según afirmó— a programas de formación sindical.

También cuestionó un decreto emitido por esa cartera que, a juicio de la organización, restringe el ejercicio del derecho a huelga reconocido en la Constitución panameña.

«Pese a todos estos abusos de poder, continuaremos la lucha en defensa de la justicia y la igualdad social», manifestó Guzmán, quien además actúa como vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida.

Las denuncias de Conusi se producen en un contexto de persistentes tensiones entre el Gobierno y diversas organizaciones sindicales y sociales, que en los últimos meses han protagonizado movilizaciones en rechazo a reformas económicas, proyectos de inversión y decisiones oficiales relacionadas con el ámbito laboral y los recursos naturales.

las/ga